LIMA. El Poder Ejecutivo observó hoy miércoles 28 la ley que modifica el decreto legislativo 1100, el cual regula las acciones de interdicción de minería ilegal en el país. El texto sustitutorio de la iniciativa legislativa, impulsada por el congresista de Alianza para el Progreso (APP) por Madre de Dios, Eduardo Salhuana, fue aprobada en el Pleno del Congreso de la República, en primera votación, el pasado 25 de mayo.
En esa oportunidad, la ahora observada norma obtuvo 84 votos a favor, siete en contra y 11 abstenciones. Asimismo, logró ser exonerada de la segunda votación. De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 79 del Reglamento del Congreso, el Ejecutivo tiene un plazo de 15 días hábiles para observar una parte o toda la autógrafa de ley que le fue enviada. Esa fecha límite vencía este 28 de junio. El Congreso aun puede aprobar por insistencia dicha ley.
La propuesta del congresista Salhuana pretendía modificar los apartados 7.1 y 7.2, del artículo 7, del decreto legislativo 1100. De ese modo, buscaba que durante la labor de interdicción ya no se destruya la maquinaria de los campamentos ilegales que, por sus características o situación, resulte inviable su decomiso. En lugar de ello, establecía que el gobierno nacional, a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), asigne los equipos a los gobiernos locales y regionales de la zona donde se realice el operativo.
Críticas hacia norma que perjudica lucha contra minería ilegal
Los y las fiscales en materia ambiental de la región Madre de Dios emitieron, previamente, un pronunciamiento público en el que manifestaron “su profunda preocupación” frente a la mencionada ley, en tanto “debilita el mecanismo de interdicción al incluir un procedimiento más que puede dilatar y comprometer las investigaciones del delito”.
Esto se debe a que los y las fiscales que realizan las acciones de interdicción contra la minería ilegal, así como los gobiernos distritales, provinciales y regionales, no cuentan “con los recursos económicos y logísticos para la custodia y traslado de la maquinaria y demás instrumentos intervenidos”.
En esa línea, el especialista técnico de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Martín Arana, ratificó a Inforegión el motivo concreto por el cual la sociedad civil y la propia Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios han rechazado la iniciativa. La propuesta de ley plantea que la maquinaria incautada a los operadores de minería ilegal sea custodiada temporalmente por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) y posteriormente sea entregada a los gobiernos locales, incluso regionales.
“El traslado que propone dicha ley dependerá de recursos logísticos y económicos que no tienen los operadores de justicia, muchos menos los municipales distritales, provinciales y regionales. En la práctica, habría beneficiado a los operadores de minería ilegal, como han advertido los y las fiscales de Madre de Dios, oportunamente”, sostuvo el experto.
Añadió que, según la Unidad de Inteligencia Financiera, la minería ilegal es la actividad principal con mayor riesgo de lavado de activos. Además, mueve mucho más dinero que el narcotráfico, alrededor de 8 mil millones de dólares, en los últimos 10 años, aproximadamente. “El Ejecutivo, Legislativo y Judicial no dimensionan la magnitud de la problemática que implica la minería ilegal. Ocasiona daños innumerables y no solo económicos, sino también a la salud y al ambiente”, concluyó el experto.
