Pobladores y dirigentes del gobierno local de la provincia de Mariscal Cáceres, en la región San Martín, expresaron su preocupación ante el fin del convenio que les permite contar con técnicos expertos en asesorar a los campesinos en la mejora de la calidad y la producción del cacao con miras a los mercados nacionales y del mundo.
Robinson Isuiza Sangama, al igual que Samuel Aguilar Bustamante, autoridades de Santa Inés y Juan del Abiseo, señalaron que el gobierno local ha contratado personal profesional y técnico para promover mejores prácticas de siembra y cosecha y, por ende, elevar el nivel de la producción del cacao en la zona.
De esta manera, muchas familias que estuvieron involucradas en la siembra ilegal de la hoja de coca están cambiando hacia el cultivo lícito que tiene gran potencial comercial.
Son más de 1685 familias y más de 2079.5 hectáreas que se vienen ampliando, lo que implica que en un par de años se mostrarán resultados importantes no sólo en los beneficiarios sino también en el mismo desarrollo de la comunidad.
En estas actividades de desarrollo económico y social se encuentran enmarcadas 21 comunidades de los 5 distritos que ahora ven con satisfacción cómo la asistencia técnica que brindan los 7 ingenieros y 14 promotores viene dando resultados favorables y por lo tanto el resulta siendo alentador para sus intereses.
Sin embargo, pese a este avance importante en el proceso, existe una gran preocupación debido a que el convenio suscrito entre el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA), Acopagro y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, debe culminar en setiembre próximo.
Este plazo podría truncar las aspiraciones de hacer crecer esta actividad, pues muchos campesinos aún están en la etapa de perfeccionamiento en el manejo agrario, según dijeron las autoridades.
Por ello el alcalde Walter Hildebrandt Saavedra pidió los recursos necesarios para que la actividad de los extensionistas y promotores continúe hasta el mes de diciembre, toda vez que a partir de enero del próximo año existen los recursos en el presupuesto participativo para continuar las actividades de asistencia técnica.
