Aunque todavía no hay un registro oficial de las consecuencias ambientales del terremoto y tsunami del 27 de febrero en Chile, organizaciones ecologistas y expertos demandan abordar este asunto con celeridad y sustentabilidad.
Entre los efectos reportados se cuentan cerros de escombros y basura, polución del aire por los trabajos de demolición, plantas pesqueras y otras instalaciones industriales arrasadas, destrucción de alcantarillados, pérdida de biodiversidad y suelos degradados por el maremoto.
«Creemos que hay una oportunidad dentro de esta desgracia para reconstruir de forma distinta, más amigable con el ambiente, más sustentable, con más respeto y consideración por temas como el cambio climático», manifestó a Tierramérica la ambientalista Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram.
El gobierno del derechista Sebastián Piñera todavía no entrega una evaluación global de los impactos ambientales del terremoto de magnitud 8,8 en la escala de Richter que azotó la zona centro y sur del país y provocó un tsunami que barrió con localidades costeras de las regiones El Maule y Bío-Bío.
La catástrofe, según las autoridades, dejó 342 personas fallecidas y 95 desaparecidas, además de 800.000 damnificados. Sólo las viviendas destruidas o con daños estructurales suman 260.000.
Los costos públicos y privados alcanzan casi 30.000 millones de dólares, entre daños a infraestructura, pérdida de producto interno bruto, remoción de residuos y alimentación de emergencia.
Expertos han llamado al recién creado Ministerio de Medio Ambiente a ejercer un rol preponderante en la «reconstrucción sustentable e inclusiva», con ciudades planificadas territorialmente y actividades bajas en dióxido de carbono, uno de los gases causantes de recalentamiento planetario.
Organizaciones no gubernamentales y casas de estudio, en coordinación con las autoridades o por cuenta propia, han comenzado distintas experiencias de atención a la emergencia con cariz ecológico.
La arquitecta y master en planificación, Consuelo Bravo, trabaja en un amplio plan de manejo de escombros en los municipios de la capital y la región de El Maule, 200 kilómetros al sur de Santiago.
Algunos de los desechos se pueden utilizar «como estabilizadores de caminos, en áreas de relleno para nuevas infraestructuras y en lugares de recreación», dijo a Tierramérica.
La emergencia ha desnudado el bajo porcentaje de reciclaje en Chile. En la capital no supera 14 por ciento de los residuos sólidos domiciliarios al año, con proyecciones de aumentarlo a 25 por ciento en 2020.
