El Expediente Sánchez Paredes

Reproducimos a continuación un detallado informe de Caretas sobre la acusación fiscal a varios miembros de la familia trujillana Sanchez Paredes, el caso más grande de lavado de activos de la historia policial peruana.

Caretas.  El clan Sánchez Paredes, grupo familiar oriundo de Santiago de Chuco, en La Libertad, volvió a ganar portadas esta semana, al igual que hace dos décadas lo hizo Perciles, el mayor de los hermanos, procesado y absuelto por narcotráfico, entre 1984 y 1988.

El viernes último, a las 11 a.m., el fiscal Jorge Chávez Cotrina presentó en la mesa de partes única del Poder Judicial denuncia penal por delito de lavado de activos en contra de Manuel, Orlando y Wilmer Sánchez Paredes; Fidel y Miguel Sánchez Alayo, hijos de Manuel; Belisario Esteves Ostolaza y Blanca Sánchez Príncipe, hija de Perciles (CARETAS 2120).

La denuncia alcanza también a ocho empresas de la familia, entre las que aparecen Comarsa y San Simón, hoy rankeadas en el top 5 de las compañías auríferas del país, según el Banco de Crédito.

Se trata del más grande caso de lavado de activos de la historia peruana.

El anuncio oficial lo hizo este lunes 22 la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, acompañada de importantes autoridades del Ministerio Público (MP) y del director de la Policía, general Miguel Hidalgo, lo que evidencia el peso que el gobierno le ha dado a este ‘megacaso’. Fue el propio Presidente de la República, Alan García, quien impulsó la investigación hace dos años.

La denuncia fiscal fue derivada a la sede de los juzgados supranacionales, en la avenida Uruguay. El magistrado David Loli, quien reemplaza temporalmente al presidente de la Sala Penal Nacional, Pablo Talavera, adelantó que se designará al juez pertinente cuando el doctor Chávez culmine con enviar toda la documentación del caso, que incluye el atestado policial y sus anexos de más de un millón de folios.

Al cierre de esta edición trascendió que en el bolo figuraba el juez liberteño, Manuel Loyola Florián (33). Loyola, ex abogado del comandante PNP Elidio Espinoza, acusado de liderar un supuesto “Escuadrón de la Muerte” en Trujillo, llegó a Lima hace dos semanas para dirigir el Tercer Juzgado Supranacional en reemplazo del juez Teófilo Salvador Neyra.

En el Ministerio Público ha causado preocupación que sea un juez de La Libertad el que procese a la familia trujillana. El magistrado designado para este caso deberá emitir un dictamen en menos de 15 días y pronunciarse respecto al pedido fiscal de embargo preventivo de todos los bienes de los acusados, entre los que destacan yacimientos de oro en La Libertad y Ancash; múltiples propiedades en Lima y el norte del país; establos de ganado, centenares de caballos de paso, 2,000 vicuñas, terrenos en el balneario de Asia y hasta toros de lidia. Sería el mayor decomiso policial que se recuerde en el país.

Perciles Sánchez fue procesado y absuelto entre 1984 y 1988. En 1991 fue asesinado a tiros. Segundo Simón también fue asesinado en México en 1987. El caso tuvo amplia cobertura en la prensa local. La Fiscalía sostiene que el dinero de Segundo pasó a sus hermanos.

Es, igualmente, potestad del juez ordenar las capturas de los hermanos Sánchez Paredes, pero el fiscal Chávez no ha solicitado tal medida en virtud de que los investigados han acudido a todas las diligencias del caso y no han mostrado signos de poner los pies en polvorosa. En todo caso, equipos de inteligencia policial vigilan las propiedades de los Sánchez Paredes y aguardan el dictamen del Poder Judicial.

Pecado Original

La familia Sánchez Paredes es uno de los grupos económicos más grandes del norte del país. Sin embargo, la fortuna de la dinastía se mantuvo permanentemente empañada por una estela de muertes y sucesos extraños.

La “megainvestigación” arrancó en enero del 2008, luego de que CARETAS publicara una investigación periodística sobre la familia trujillana, serie que se inició en el 2007 y persistió en paralelo a las pesquisas de las autoridades.

Inicialmente el caso le fue conferido al fiscal Eduardo Castañeda, pero éste fue removido del puesto un año después y todo pasó a manos del doctor Chávez Cotrina.

Oriundo de Celendín, Chávez es un fiscal curtido en investigaciones difíciles. El caso, inicialmente, involucraba a 77 personas y 123 empresas investigadas. Chávez redujo la lista a ocho acusados.

“Esta investigación no se basó en el apellido”, dijo el fiscal a CARETAS. “Hay nietos, sobrinos que, si bien es cierto trabajan en las empresas de la familia, no participaron en los hechos delictivos. Los que movieron todo el emporio son los hermanos Orlando, Manuel y Wilmer Sánchez Paredes, así también como Fidel y Miguel Sánchez Alayo, hijos de Manuel”.
¿Qué descubrió la compleja investigación? “El tema de fondo es el origen del dinero sucio. Nuestra estrategia no era demostrar un desbalance en el patrimonio de los investigados porque sabíamos que sus empresas crecieron con los años. Buscamos que demuestren cómo ganaron su primer millón, el lavado. Los peritajes concluyeron que los Sánchez Paredes, cuando formaron su emporio, no tenían el dinero que dicen haber tenido para poder iniciarlo”, sostiene el fiscal.

Manuel, Orlando y Wilmer Sánchez Paredes presentaron a la Policía peritajes económicos de parte para sustentar sus ingresos percibidos antes de 1991, pero estos fueron refutados por la Policía. Manuel Sánchez afirmó haber ganado, entre 1960 y 1990, US$ 11 millones producto de la pesca. Pero no adjuntó boletas de pago, planillas de salarios o cualquier otro documento sustentatorio.

Orlando Sánchez dijo haber percibido, entre 1959 y 1990, US$ 15 millones por concepto de pesca, particularmente de jurel. Sin embargo, la Policía indica que se desconoce la procedencia de US$ 12 millones, aproximadamente.

Del mismo modo, Wilmer Sánchez Paredes declaró haber ganado, entre 1960 y 1990, US$ 13 millones en las actividades de transporte, ganadería y agricultura, así como en la compra y venta de cerveza al por mayor. Pero tampoco presentó documentos sustentatorios.

“Ellos quieren probar con un carné que han sido pescadores, pero eso no garantiza nada. Según sus análisis económicos, no han tenido vacaciones, han trabajado las 24 horas, sábados y domingos. No se han enfermado, tampoco hubo vedas en 30 años. Nunca descansaron, nunca durmieron. Es imposible”, afirma el fiscal Chávez.

La defensa de los investigados permanece en la otra orilla. Eduardo Roy Freire, abogado de Manuel Sánchez, dijo a CARETAS que, entre 1960 y 1990, “nadie hacía declaraciones juradas y, por lo tanto, no se puede exigir contabilidad de esa época”.

César Nakazaki, abogado de Orlando Sánchez, sostuvo que la Policía no elaboró peritajes correctos porque trabajaron con contadores y no con economistas. “Nosotros presentamos un peritaje económico y no se evaluó como tal”, declaró a esta revista.

En 1991, el año en que murió Perciles, Orlando, Manuel y Wilmer crearon la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), la empresa más grande del clan. En sus declaraciones a la Policía, los tres hermanos dijeron que conformaron Comarsa con un crédito de US$ 2 millones otorgado por un banco de Gran Caimán.

“Presentamos un proyecto de exploración y explotación de la mina, elaborado por dos geólogos, y convencimos al banco”, manifestó Orlando Sánchez. Cuando la Policía interrogó a dichos geólogos, ambos negaron haber redactado el supuesto proyecto. “Hasta hoy se desconoce de dónde vino ese dinero”, dice el fiscal.

Por otro lado, el delito precedente, en este caso el narcotráfico, está probado, según Chávez. “Para nadie es un secreto que existió ‘Rancho Luna’ y que allí hubo un laboratorio de coca. Ese dinero (de Segundo Simón) pasó a sus hermanos”, declaró.

Los abogados Roy Freire y Nakazaki sostienen lo contrario. “La Policía de México decomisó las propiedades de Segundo Simón. Entonces, ¿cuáles son los bienes heredados por su madre y que ella transfirió a sus hijos Orlando y Manuel? No existen”, aseguró Roy Freire.

La Policía sostiene que, entre esos bienes, figura una cuenta de un banco español que fue usada por Segundo Simón para financiar dos cargamentos de cocaína que fueron decomisados en Miami en 1987. Sin embargo, Nakazaki afirma que esa información se encuentra consignada “en un reporte investigatorio de la DEA que no tiene valor probatorio ni en Estados Unidos ni tampoco en el Perú”.

El fiscal Chávez aclara que “en una investigación de lavado de activos no es indispensable probar el delito precedente. Solamente tienen que existir elementos suficientes, indicios razonables, de que ese dinero no es de origen lícito”.

Los múltiples atestados policiales peruanos en los que Orlando, Manuel y Wilmer aparecen referenciados como traficantes de droga robustecen la presunción de culpabilidad en este caso. Roy Freire, quien defendió a Perciles entre 1984 y 1988, dice que a sus clientes los acusan “porque son cholos norteños que han sudado para hacer su plata”.

Y sostiene que la Policía los persiguió con fines de extorsión. “Tengo la seguridad que ganaré este juicio”, promete. Pero el fiscal Chávez confía en la solidez de su investigación, en la que intervinieron cuatro fiscales adjuntos y 40 policías del Equipo Especial de Investigación (EEI) de la Dirandro que dirige el coronel Carlos Morán, uno de los efectivos que capturó a Abimael Guzmán, en 1992.

“Por eso duermo tranquilo”, dice Chávez. “Es el caso más difícil de mi vida y me he cuidado mucho. Ahora esperaré el dictamen del Poder Judicial y luego visitaré la tumba de mi padre en Celendín”.