Los integrantes del Comité Regional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, detectaron en diversos operativos de control, a un total de 4,430 niños trabajadores a nivel del departamento de Ayacucho, concentrándose la mayor cantidad de ellos en las provincias de Huamanga, La Mar y Huanta.
De acuerdo a las cifras presentadas por el Comité, en los operativos desarrollados se logró identificar a nivel del departamento de Ayacucho la existencia de 4,430 niños trabajadores, de las cuales 1,269 se encuentran en la provincia de Huamanga, 911 en La Mar, VRAE, mientras que se identificó a 692 niños trabajadores en la provincia de Huanta, que son los picos mas altos en la región
Ante esa situación, la directora regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ayacucho, Micaela Torres Gómez, consideró urgente crear conciencia en las autoridades y población para sensibilizarlos y puedan aprobarse normas regionales que ayuden a erradicar la trata de personas y el trabajo infantil.
“El niño tiene derecho a disfrutar cada etapa de sus niñez y para ello se viene elaborando el Plan de Trabajo Regional así como foros regionales buscando la participación, la contribución y el compromiso de las autoridades e integrantes de la sociedad civil”, remarcó la funcionaria.
Creación de albergue
En otro momento Torres Gómez señaló que se encuentra en marcha un proyecto regional para la construcción la construcción de un albergue para atender a menores abandonados, y otro para instalar centros de capacitación para padres que abandonan a sus hijos, para luego reinsentarlos al mercado laboral y puedan generar sus propios ingresos económicos que eviten la incidencia de menores enviados a la calle a trabajar.
“El Estado está en la obligación de apoyar el proyecto que tendrá una vigencia de cinco años y luego se verá si es transferido a la iglesia o a las municipalidades”, agregó Micaela Torres.
La funcionaria recordó que la trata de personas es un tema policial e invocó a denunciar a los “tratadores de personas” al tiempo que destacó la necesidad de reforzar los controles policiales a fin de evitar que se siga comercializando y explotando sexualmente a menores de edad.
“Desde el Comité elaboraremos propuestas de normas regionales e iniciaremos talleres itinerantes en las provincias”, indicó.
