BOGOTÁ. En la primera edición de la Escuela Anticorrupción y Gobernanza Forestal, a cargo del Programa de Gobernanza Ambiental para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional (TI), representantes de los países de la Cuenca Amazónica discutieron planes de acción para implementar medidas que contribuyan en la lucha contra la corrupción enfocada en la gestión forestal, partiendo de sus capacidades y posibilidades.
Los asistentes al evento, que se desarrolló del 13 al 15 de marzo en la ciudad de Bogotá, priorizaron acciones para reducir los delitos ambientales, tales como el tráfico de tierras, y mejorar las medidas de protección forestal en Perú, Brasil, Colombia, Ecuador y México.
Dentro de las iniciativas de vigilancia y monitoreo, los representantes de la sociedad civil, incluyendo a miembros de pueblos indígenas, recibieron capacitaciones sobre cómo la ciudadanía puede vigilar la ejecución de los recursos públicos de los estados miembros de la cuenca, a fin de fortalecer los esfuerzos gubernamentales para luchar contra la corrupción en el sector forestal en sus países.
Asimismo, recibieron capacitaciones sobre el marco normativo global para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y defensores ambientales. Y, para ello, se coordinaron actividades de corto plazo para llevarse a cabo de manera articulada a nivel regional.
Por otro lado, durante el encuentro los diálogos estuvieron encabezados por especialistas, quienes se encargaron de guiar las charlas al público acerca de otras acciones que la ciudadanía puede realizar para promover la justicia, transparencia y control ambiental en la Amazonía, a través de las estructuras estatales respectivas.
Entre ellos estuvieron presentes los funcionarios peruanos, Eduardo Luna de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú (MINJUSDH) y Aldo Bautista Echazu, especialista en control gubernamental de la Contraloría General de la República.
Además de Samuel Rotta, director ejecutivo de la ONG Proética, dedicada a promover la ética y la lucha contra la corrupción en el país, y Magaly Avila, socióloga y directora del Programa de Gobernanza Ambiental de la misma organización no gubernamental.
