Falta de articulación entre autoridades aumenta el riesgo de tráfico de fauna silvestre en Perú

El cóndor andino, el perico macareño, el pingüino de Humboldt, la vicuña, el jaguar andino y la rana gigante del Lago Titicaca son algunas de las especies amenazadas por las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de fauna silvestre, economía ilícita que atenta de manera constante contra su desarrollo poblacional y ámbito geográfico. 

Así como las mencionadas, dentro de la lista de especies clasificadas según el grado de amenaza generado por el comercio internacional, también conocido como CITES, se sabe que están incluidas 159 especies peruanas, de las cuales 21 se encuentran en peligro.

Según Luis Zari Alva, especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), este negocio ilícito concentra sus acciones en el poder adquisitivo y conocimientos especializados, puesto que las personas que cooperan dentro de este tipo de tráfico poseen control sobre las medidas de restricción a nivel nacional e internacional, a través de un sistema de corrupción ejercido sobre funcionarios públicos hasta operadores de justicia.

En esa línea, el consultor de SPDA advierte que, pese a que el delito de tráfico ilegal de fauna silvestre está incluido en los alcances de la Ley del Crimen Organizado, tanto a nivel nacional e internacional, para fortalecer las estrategias de investigación contra dichas redes de tráfico, aún se necesita establecer espacios de coordinación entre todas las autoridades competentes, por medio de capacitaciones penales y medidas de prevención, para contribuir con su reducción. 

“Las redes criminales tienen una estructura, relaciones internacionales y roles muy bien asignados, y al mismo tiempo, están conectadas con otros delitos, como el lavado de activos. Por ello, implica una investigación muy particular, más aún cuando en países donde existe una legislación o institucionalidad débil, como pasa en Perú y varios países de Latinoamérica, que tienen un marco legal punitivo no tan efectivo contra los niveles de producción altos. Por lo tanto, se suele desplazar la actividad criminal”, señala Zari. 

Asimismo, el especialista explica que la forma de trabajo de esas organizaciones se modifica con los años. Pues, cambian rutas y formas de manipulación de las especies, dependiendo de la demanda.

Según el libro «Las economías criminales y su impacto en el Perú», una investigación realizada por el exministro del Interior, Carlos Basombrío, el exviceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés, y el sociólogo Dante Vera, entre esas rutas, la Policía ha identificado que los ríos Ucayali, Marañón, Amazonas y Huallaga son las principales vías fluviales para realizar el transporte de la fauna silvestre, mientras que por vías terrestres resaltan la Carretera Fernando Belaunde Terry y la Carretera Federico Basadre, en la zona nororiental y centro del país. 

“Uno de los usos principales del tráfico de fauna silvestre es el mascotismo. Esto implica que se venden especímenes vivos, de monos, de aves, de reptiles, entre otros, al aire libre y en los mercados de abastos en todo el Perú, que son los espacios donde más se comercializa productos de fauna silvestre en el país, y esos mercados no tienen ningún tipo de medidas sanitarias. Entonces, esto significa que muchas veces la fruta, el pollo, la carne, las verduras están al lado de animales vivos, que pueden traer virus, enfermedades que son particulares de su propio hábitat y eso se puede trasladar a animales domésticos y humanos”, advierte Zari. 

En ese sentido, el tráfico de fauna silvestre implica un grave riesgo de salud pública, ya que mediante dicha cadena ilegal se incrementa el peligro de trasmisión de enfermedades zoonóticas. “Si extraes a un animal silvestre que pueda ser portador de un potencial virus zoonótico y lo transportan a largas distancias, puede ser que durante toda esa carrera de recorrido se transmitan enfermedades de origen animal, y esto sumado a la exposición en el mercado hace que toda la cadena de comercio ilegal de fauna silvestre sea una cadena de exposición de enfermedades”, explica. 

“Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de tráfico ilegal de fauna hay que tener una triple mirada: ecosistémica, a nivel poblacional de fauna silvestre y de salud humana. Por eso, el tráfico tiene que abordarse con un enfoque de salud integral”, recomendó el especialista legal de la SPDA.