LIMA. El Gobierno ha publicado recientemente en el diario oficial El Peruano el proyecto denominado “Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público”, el cual ha causado preocupación por parte de los gremios de periodistas al considerarlo “peligroso para la libertad de expresión”, pues implica una regulación bajo supervisión policial.
Todo el Perú ha sido testigo de los múltiples abusos cometidos por los efectivos policiales en diversas regiones, sobre todo Puno, Ayacucho y Lima, durante las manifestaciones ciudadanas en contra del Gobierno de Dina Boluarte, dejando el saldo de más de 60 fallecidos.
La iniciativa gubernamental (Resolución Ministerial n.° 0277-2023-IN) presentada por el Ministerio del Interior, fue elaborada en conjunto con el Ministerio de Salud, el Estado Mayor General de la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y el Colegio de Periodistas del Perú.
El contenido del protocolo ha sido cuestionado por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).
La ANP sostiene que “este texto, elaborado de forma ‘express’, presenta serios problemas de fondo y forma de difícil subsanación (…) En el caso particular de las fuerzas del orden, casi el 50% de los casos de agresiones a nuestros colegas en el último mes de enero, fueron responsabilidad de un efectivo policial. Iguales situaciones se han producido en la última década en diversas regiones del país, en contextos de alta conflictividad social, sin que se hayan abierto siquiera procesos disciplinarios internos en el cuerpo policial a responsables de los ataques”.
El IPYS, en su pronunciamiento, dijo que está en “desacuerdo con reglamentar de ningún modo la cobertura periodística de las manifestaciones sociales, expresando que cualquier normativa para procedimientos con periodistas en protestas debe estar dirigida a respetar la actuación de la prensa en las mismas (…) IPYS señala que se debe prohibir a los efectivos de Fuerzas Armadas o policiales cualquier acto de intimidación o violencia contra las y los periodistas, efectuando sanciones en caso contrario”.
Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana, mediante un comunicado, solicitó archivar la propuesta de protocolo de seguridad, pues considera que no garantiza la labor periodística ejercida durante las protestas ciudadanas, “más bien, es una intromisión que pone en riesgo la necesaria independencia con la que debe contar un periodista en el ejercicio de sus derechos de expresión. El proyecto no recoge las propuestas de la mayoría de organizaciones que participaron en las reuniones de consulta, incluyendo las del CPP. Por ese motivo, y por la falta de voluntad de incluir lineamientos técnicos de estándares internacionales –un objetivo de esta organización para el protocolo–, el CPP decidió retirarse del grupo de trabajo a inicios de febrero”.
Las tres instituciones coinciden en que son los propios periodistas de Lima y regiones quienes (desde su experiencia conocen los riesgos a los que están expuestos en situaciones de protesta) deben trabajar en sus propios protocolos de seguridad, con la participación de instituciones como la Defensoría del Pueblo y el sistema interamericano.
Finalmente, tanto la ANP, el IPYS y el CPP, sostienen que sería un error aprobar un texto como el publicado, incluso si acogiera las recomendaciones que se presenten. Desde Inforegión, respaldamos esta posición y rechazamos cualquier acto de represión contra el accionar periodístico.
