LIMA. Entre los años 1980 y 2000, el país vivió un periodo de violencia que obligó a miles de personas y familias a desplazarse de sus lugares de residencia. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, aproximadamente 600 mil personas partieron de sus distritos y provincias natales huyendo de grupos terroristas.
En este sentido, la ley n.° 2823 define como desplazados internos a las personas o grupos que se han visto obligados o forzados a huir de su lugar de origen para evitar efectos de un conflicto armado o de la violación de derechos humanos.
“El desplazamiento afectó a los hombres y mujeres más pobres, marginadas y vulnerables de nuestro país, quienes hasta hoy sufren las graves secuelas económicas, sociales, culturales y psicológicas que profundizan su situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social”, sostuvo la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Ethel del Rosario Jara Velásquez, en un informe realizado para dicho ministerio.
Conoce los pasos para que las comunidades y organizaciones de desplazados del periodo de violencia 1980-2000 puedan acceder a las #ReparacionesColectivas. pic.twitter.com/rE0tNCLhM1
— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) February 1, 2023
Acciones en el marco del Plan de Reparaciones Colectivas
Debido a la vulnerabilidad de estas personas, en el año 2005, el Congreso de la República aprobó la Ley n.° 28592, la cual creó el Plan Integral de Reparaciones (PIR), compuesto por programas como el de restitución de derechos ciudadanos, reparaciones de educación, salud y el programa de reparaciones colectivas.
Es así como año tras año, se anuncian obras y proyectos en relación a presupuestos asignados por la ley. En agosto del 2022, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) autorizó la transferencia de 13 500 000 soles a favor de los gobiernos locales en el marco del Programa de Reparaciones Colectivas.
Asimismo, la Resolución Ministerial n.° 0236-2022-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano, señalaba que dicho presupuesto sería utilizado para la ejecución de 135 convenios suscritos entre MINJUSDH y gobiernos locales para realizar proyectos de inversión. Entre las regiones consideradas estuvo Ayacucho, Huánuco, San Martín, Huancavelica, Junín, Pasco, Piura, Apurímac, Ucayali, Áncash, La Libertad, Cajamarca, Lima y Puno.
En octubre de 2022, el Minjusdh también autorizó la transferencia de medio millón de dólares para el mismo plan. Según lo anunció el actual ministro de la cartera, José Tello Alfaro, en enero de este año se ejecutarían 11 proyectos de reparación colectiva en beneficio de nueve comunidades y dos organizaciones de desplazados de la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, en cumplimiento del Plan Integral de Reparaciones.
«Desde el MINJUSDH tenemos el programa de reparaciones y vamos a seguir trabajando en beneficio de estas comunidades que agrupan a más de 700 familias, con una serie de obras. Es importante que estemos juntos y unidos», acotó Tello Alfaro.
Los proyectos productivos permitirían recuperar la infraestructura comunal, acceder a servicios básicos e impulsar actividades agrícolas que comprenden tres locales comunales, cuatro sistemas de riego, tres proyectos de unidades básicas de saneamiento y la construcción de una vía vecinal.
En este sentido, la entidad encargada de velar por la ejecución de los convenios es la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), presidida por Katherine Lourdes Valenzuela Jimenez, para así velar por el cumpliento de las funciones y acciones del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional. Cabe resaltar que una vez finalizado el proyecto, el organismo ejecutor deberá presentar un informe a la CMAN sobre la liquidación del mismo en un plazo de 90 días.
La importancia de las reparaciones colectivas
Según el Instituto de Defensa Legal (IDL), la reparación es un requisito primordial de la justicia, pues es el Estado quien tiene la obligación de rendir cuentas por las acciones u omisiones cometidas en el pasado.
“Yuraccocha (Áncash) fue afectado primero por el Ejército, el Ejército que estaba acantonado aquí en Julcamarca semanalmente les exigía que traigan víveres, leña, entregarle carne semanal por familias, obligaba a realizar trabajos. Aparte de ello, la población también ha sido afectada porque los subversivos han entrado allí, en abril del 91 ingresaron y cometieron un asesinato, después fuimos secuestrados 18 personas de los cuales éramos como 12 profesionales que prestábamos nuestros servicios en el sector Educación», declaró un hombre habitante de Yuraccocha para IDL.
“Sendero sacó a mi esposo y lo mataron allá arriba en el rincón y saquearon toda mi casa, tanto yo como mis hijos, de miedo, de temor ya no dormíamos en la casa, dormíamos en los cerros, debajo de los árboles, llorando nos escapábamos, por encima de las piedras, por encima de las espinas, para ocultarnos, para que no nos mataran”, afirmó un mujer habitante de Cahua (Lima) para el IDL.
La justicia debe estar enfocada hacia las víctimas que reclaman justicia por las violaciones y abusos cometidos contra ellas. Las víctimas son conscientes de que las reparaciones entregadas no son el precio del dolor de haber perdido a sus familias o por la necesidad de abandonar su lugar de origen, sino por el derecho de ser atendidas por el Estado.
