“Nuestra cultura está en riesgo, nuestra tradición. ¡Pesca sí, petróleo no! La lucha hasta el final, hasta lograr nuestros objetivos, compañeros”, expresa un manifestante sin bajar la cabeza, ante el Centro Empresarial de San Isidro, lugar donde se encuentran las oficinas de la filial peruana de la empresa española Repsol. Se trata de la firma que le arrebató su principal medio de vida con la caída de 11 900 barriles de petróleo en el litoral peruano el 15 de enero de 2022.
A un año del desastre ecológico, los gremios de pescadores artesanales de Aucallama, Chancay, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla, principales distritos impactados por el crudo, continúan en pie de lucha para exigir la atención de sus demandas. Entre ellas, el cumplimiento del compromiso vinculado a los pagos por reparación de S/. 3000 mensuales.
No obstante, la irresponsabilidad se ha visto evidenciada mediante retrasos que aumentan el perjuicio económico de miles de familias dedicadas por años a la pesca, como es el caso de la de Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Serpentín de Pasamayo Toma y Calla.
Si bien, hasta la fecha, se han realizado ocho pagos correspondientes a los afectados, el último se efectuó luego de un mes y medio por insistencia de parte de las organizaciones de pescadores. “Han sido casi 50 días, hasta más, solicitando el noveno pago”, aseguró Melchor.
Ante ello, presidentes de varias asociaciones se movilizaron el día de hoy para exigir nuevamente respuestas a su pliego de demandas, las cuales incluyen avances concretos en la limpieza de las playas y transparencia en los plazos de reparación económica.
“Nosotros tenemos que salir a protestar para que nos hagan caso y hagan respetar los acuerdos, a ese extremo tenemos que llegar para que atiendan nuestros reclamos”, expresó con indignación el dirigente.
Asimismo, Melchor alertó que Repsol está presionando a firmar a los pescadores un acuerdo, como parte de una transacción extrajudicial, que recortaría todos sus derechos de afectados a cambio de una suma de dinero no acorde a la amplitud del daño ocasionado. Al respecto, Mario Carranza, abogado en defensa de cinco asociaciones que reúnen a perjudicados por el desastre ecológico, reafirmó que con ello la compañía ‘sacaría de juego a los pescadores’.
“Esa transacción extrajudicial es una accesión de derechos de afectados, solamente ella [Repsol] sería la única que podría reclamar cualquier reparación”, explicó el especialista.
“Estamos buscando que se haga una negociación bajo reglas claras que adopten acuerdos para lograr una reparación integral y no solo el lucro cesante, que es lo que la empresa dice que va a reconocer, entonces si sale una mesa de diálogo esta debe contar con acompañamiento de organismos defensores de derechos humanos”, agregó. Entre ellas resalta la coalición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esa línea, el dirigente pescador de Pasamayo hizo un llamado al Gobierno de Dina Boluarte, a poner en su agenda la debida atención a sus reclamos. “No cumplen con los acuerdos y el gobierno permite que sigan atropellando los derechos de los pescadores. El Estado no colabora en nada con nosotros, se hace muy difícil nuestra situación”, señaló.
El grupo de afectados indicó a Inforegión que el próximo jueves estarán dirigiéndose a la Defensoría del Pueblo, a fin de solicitar al órgano constitucional que exhorte al Ministerio de la Producción y del Ambiente a esclarecer con transparencia y celeridad la entrega de los informes que justifican la prohibición de la actividad pesquera en las zonas contaminadas. Dicha solicitud apunta a que no se recorten la entrega de los pagos en beneficio de los pescadores, por parte de la empresa española.
