El 10 de diciembre pasado se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que evocó un año más la lucha constante que desarrollan los defensores ambientales. Durante todo el año, estos se autoconvocaron desde diferentes partes del país para exigir al Congreso la asignación de recursos económicos en el Presupuesto Fiscal 2023. Esto con el fin de garantizar su protección. Sin embargo, este no se aprobó pese a los continuos plantones frente al Legislativo y pedidos de acción ante el Gobierno.
Es 23 de noviembre. En las calles del centro de Lima se escucha gritar con firmeza este pedido: “¡Presupuesto para la vida!”. Vidal Merma Maccarcco, activista y defensor ambiental por la vida sin contaminación relacionada a la actividad minera en la provincia de Espinar, en Cusco, carga una cruz negra, mientras se dirige al Parlamento, junto a un grupo de manifestantes. La cruz lleva en letras blancas el nombre de Gonzalo Pío Flores, su compañero de lucha y líder asháninka de la comunidad nativa Nuevo Amanecer Hawai, ubicada entre las regiones Pasco, Junín y Ucayali. Se trata de uno de los 30 defensores ambientales asesinados en los últimos tres años en el Perú.
Ahora en el @congresoperu exigimos presupuesto para parar la violencia contra defensores de la tierra. Este 30 de noviembre exijamos que lo aprueben. pic.twitter.com/5aNRBa2KEi
— Defensoras y Defensores del Perú (@RDefensores) November 23, 2022
Acción de luto en memoria de los defensores ambientales asesinados.
El crimen del que damos cuenta ocurrió el pasado 17 de mayo del 2020. Pío Flores se encontraba en el centro poblado de Santa Rosa de Cashingari, cuando en compañía de su esposa, Maribel Casancho Flores, sufrieron un ataque por parte de un grupo de personas dedicadas, presuntamente, a la tala ilegal.
En la manifestación, otra cruz es llevada también por Liliana Carhuaz Rosales, luchadora social contra el extractivismo y defensora ambiental de La Oroya en la región Junín. La cruz que porta lleva el nombre de Juan Fernández, quien fuera asesinado en marzo de este año en la región Madre de Dios tras recibir dos impactos de bala.
El hecho se configura dentro del marco de una problemática histórica sobre el avance de la minería ilegal en Madre de Dios, que arrasa especialmente en La Pampa, emblemática zona donde se practica dicha actividad ilegal. A este lugar ha llegado más de una vez Inforegión para documentar los riesgos que se ciernen sobre la vida de quienes trabajan por la defensa de los bosques, cuyas denuncias pasan desapercibidas en muchas ocasiones.
Pues, solo por dar un ejemplo, a pesar que los familiares de Fernández reportaron en reiteradas ocasiones las amenazas que reciben desde hace años de parte de estos grupos que laboran en actividades ilegales, nunca obtuvieron respuesta efectiva de parte de las autoridades involucradas.
Una tragedia similar es la de Arbildo Menéndez Grandez, líder indígena kakataibo de la comunidad Unipacullacu, en el distrito de Puerto Inca, región Huánuco. Se trata de la primera región con mayor índice de letalidad para los defensores ambientales a nivel nacional, seguida por Pasco, Junín, Ucayali, Loreto y Madre de Dios. Menéndez fue asesinado por traficantes de tierras.
La cruz con su nombre fue llevada por las manos de su compañero Marcelino Tangoa Maya, quien en julio pasado alertó en la reunión de visita a nuestro país de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la ausencia de la Policía y el abandono del Estado en esta zona amenazada por el narcotráfico.
Pero, las amenazas hacia los defensores ambientales no solo giran alrededor de las economías ilícitas, estas nacen también desde el sector privado. Este es el caso de Sergio Huamaní Hilario, dirigente ambiental cusqueño, acusado por el delito de difamación calumniosa agravada por la Compañía Minera Antapacay.
La transnacional es señalada, desde hace años, por los ciudadanos de la provincia de Espinar, Cusco, como la causante de graves daños a su salud a causa de la contaminación por metales tóxicos, tales como arsénico, manganeso, cadmio, plomo y mercurio. Se trata de un problema de salud pública que actualmente pone en riesgo la vida de más de 11 millones de peruanos, según cifras del Ministerio de Salud.
¿Cuántos muertos más para reaccionar?
La organización para hacer frente a esta adversidad entre los defensores ambientales a nivel nacional es una agenda que ha tomado fuerza en el 2022 de parte de ellos. Pues, si bien existe un Mecanismo Intersectorial a cargo del Ministerio de Justicia, que tiene como propósito defender la vida de los defensores de derechos humanos, este no ha contribuido a disminuir la criminalización y amenazas a sus derechos.
Se trata de una realidad que se ha evidenciado en las demoras al momento que los defensores presentan sus trámites ordinarios para solicitar la activación de una alerta temprana para evitar atentados graves contra sus vidas. Ese es el caso de Clementina Shinquireri Quispe, jefa de la comunidad asháninka Catungo Quimpiri, ubicada en la Cuenca del Ene, quien vive amenazada de muerte por parte de grupos que se dedican al cultivo de hoja de coca ilegal.
La líder indígena presentó su solicitud en octubre del 2021, pero hasta el momento no se ha expedido la resolución viceministerial que establece las medidas de protección a ser otorgadas al defensor en riesgo, a través del Ministerio del Interior.
En ese sentido, organizaciones de sociedad civil, junto a dirigentes de todas las regiones, se han autoconvocado a lo largo del año que ya termina para trabajar estrategias y capacidades de vocería e incidencia. Estas actividades también incluyen el fortalecimiento de sus comités de autodefensa, los cuales tienen un rol fundamental en la protección de sus comunidades.
Según un informe del Instituto de Defensa Legal y Proética (IDL), a un año de la creación del Mecanismo Intersectorial, se ha determinado que este no ha logrado convertirse en una herramienta eficaz para la prevención de ataques hacia personas defensoras de los derechos humanos.
Solo hasta abril de este año de las 24 solicitudes de activación de alerta temprana por situaciones de riesgo en ningún caso se cumplió con los plazos señalados por la norma y tampoco con el procedimiento regular. Además, tampoco se realizó el seguimiento de las medidas brindadas a cargo de la Policía.
En esa línea, la asociación civil alerta que la falta de un presupuesto propio no permite financiar los salarios del personal responsable, sus actividades en campo y las necesidades de los defensores en situación de riesgo. Así como también los cambios constantes de ministros y otras autoridades clave en los sectores involucrados, ya que dificulta su ejecución.
¿Hasta cuándo?
