LORETO. Arthur Cruz Ochoa (37), jefe de la comunidad nativa Centro Arenal, ubicada al borde del río Amazonas, provincia de Maynas, región Loreto, ya no tiene miedo a la muerte. Desde el 2000, vive amenazado por colonos que no dejan de talar árboles, traficar en sus territorios ancestrales y vulnerar los derechos colectivos e individuales de su comunidad, donde viven unas 350 personas del pueblo indígena Huitoto Murui.
“Esas personas están armadas, nos amenazan a muerte, nos golpean, nos demandan y queman nuestras casas, pero no existe la protección para nosotros. Yo he demandado ante la Fiscalía de la Sala Penal de [la provincia] Maynas con fotos, videos, pruebas y se archivó el caso. No hay nada”, relata el jefe de la comunidad indígena.
Sin embargo, pese a que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha reportado alertas sobre la situación de riesgo debido a las constantes amenazas de invasión y posibles ataques materiales y humanos a la comunidad, los ciudadanos de la comunidad nativa Centro Arenal siguen sin recibir protección por parte de las autoridades locales.
Además, el apu Cruz Ochoa, quien está amenazado de muerte, al igual que su familia, por defender su territorio, todavía no reciben noticias sobre su pedido de activación del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos del Ministerio de Justicia (Minjusdh), el cual fue solicitado en agosto de 2021, a través del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia la activación del procedimiento de alerta temprana. Cabe indicar que, por decreto supremo N° 004-2021, el plazo de trámite no excede de 15 días hábiles en los casos de muerte o cuando se evidencie la gravedad de la situación de un inminente peligro.
“Hasta el día de hoy acá no hay ni una sola patrulla. Yo sinceramente ya solo espero a que la muerte llegue. La Policía ni siquiera nos toma la manifestación. Nosotros queremos apoyo antes de que haya un muerto”, expresa con preocupación Cruz Ochoa.
La comunidad nativa Centro Arenal está adscrita a la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, Loreto – Perú (Orpio), representante de 32 federaciones en la selva peruana. El pasado 23 de noviembre estas emitieron un pronunciamiento de carácter urgente para manifestarse en relación a la situación actual que enfrentan quienes luchan por defender la tierra, el agua y la vida.
No obstante, si bien existe este mecanismo del Minjusdh, saludado hasta por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por configurarse como un paso determinante en la promoción de un ambiente adecuado para garantizar la seguridad integral de las personas defensoras, este no se implementa de manera adecuada por no contar con recursos fijos.
En ese sentido, diversas organizaciones y representantes de los pueblos indígenas, tales como Orpio, se vienen autoconvocando para exigir al Congreso de la República que se asigne en el presupuesto para el Año Fiscal 2023 el financiamiento necesario para asegurar la implementación y ejecución del mecanismo intersectorial.
“La única respuesta que nos saben dar las entidades del Estado es que no tienen presupuesto para movilizarse, atender nuestras demandas y venir hacer las constataciones al lugar de los hechos. Por eso, pedimos al Congreso que apruebe un proyecto o asigne un presupuesto para que las autoridades puedan hacer su trabajo, porque estamos vulnerables”, explica el Apu.
Ante la falta de respuesta por parte del Estado, Orpio ha ejecutado un proyecto de defensores ambientales con el apoyo de la Unión Europea (UE) y en colaboración con la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), a fin de brindarles las herramientas técnicas y legales para evitar el riesgo de la vulneración de sus derechos colectivos e individuales, pero sin contar con el respaldo de los miembros del Ejecutivo.
Sobre ello, Rubén Medina Robledo, coordinador de la gestión en la organización indígena, confirmó a Inforegión que, hasta ahora, no se ha entablado una comunicación directa con el Gobierno para dialogar acerca de esta problemática, la cual aumenta cada vez más en la comunidad nativa mencionada.
“En la comunidad Centro Arenal más de 60 hermanos indígenas están amenazados por invasores y taladores ilegales, ese es el día a día. Gracias a este proyecto nos ha permitido desarrollar, por nuestra cuenta, una guía de autoprotección y un protocolo de defensa legal que se va a socializar a todas las comunidades para que ellos puedan reportar sus denuncias y solicitar la protección de sus derechos a las entidades pertinentes. Pero, hasta ahora no hemos tenido comunicación alguna con la PCM”, lamenta Medina Robledo.
Otro de los lugares en la Amazonía peruana donde se sabe que la vida de los defensores ambientales corre peligro es en la provincia de Putumayo, al norte de Loreto, y zona fronteriza con Colombia, debido a la distribución, venta y cultivo de hoja de coca ilegal que está impactando gravemente a las comunidades originarias de estas zonas.
“Putumayo es una zona roja por el cultivo de la hoja de coca y los carteles que controlan su sembrío. La falta de oportunidades laborales está impactando en las comunidades aisladas que acceden a cultivar y cuando estos no cumplen tienen problemas de amenazas”, alerta el representante de Orpio.
¿Por qué no se ejecuta el presupuesto?
Hoy, 30 de noviembre, es el último día para que el Parlamento apruebe un mayor presupuesto a fin que el Mecanismo Intersectorial del Minjusdh pueda implementarse de manera eficiente y articulada con las organizaciones indígenas. Martín Yañez, especialista en litigios penales y prevención de delitos ambientales, conversó con este medio respecto a las barreras que impiden que este tipo de políticas se apliquen correctamente.
“Estas herramientas, denominadas mecanismos, no son más que una política creada para un mejor desarrollo de la gestión estatal en estos aspectos que vienen orientadas por una serie de acciones dentro de todas las instituciones, pero no se materializan, porque existen vacíos presupuestales, organizativos o logísticos, y ojo que su objeto principal es prevenir, proteger y permitir un acceso a la justicia para las personas que defienden los derechos humanos”, explica Yañez.
Según Yañez, las proyecciones no son muy positivas con relación a la demanda de los pueblos indígenas en la búsqueda de protección de sus defensores ambientales a través de la asignación de este recurso económico para el próximo año.
“Este mecanismo no tiene un recurso específico, el cual ha debido de ser postulado por la PCM o el Minjusdh, pero el presupuesto fiscal ya fue cerrado y técnicamente a estas fechas es poco probable que se pueda implementar”, indicó el especialista.
En ese camino, el abogado ambientalista recomendó que para desarrollar correctamente un plan de trabajo competente en la protección de los defensores ambientales es necesario que primero los funcionarios tengan la voluntad política de reconocerlos y respetar su autonomía territorial, así como su derecho al acceso a la paz y justicia.
