Las instituciones de la sociedad civil alertan a la ciudadanía, al Congreso y a los medios de comunicación, sobre los riesgos de la derogatoria de la Ley 31622 aprobada por unanimidad el 16 de noviembre. Esta ley incluye el tráfico ilegal de especies terrestres y acuáticas dentro de los alcances de la Ley contra el Crimen Organizado para contar con más herramientas para investigar y condenar con penas más severas a personas que forman parte de organizaciones criminales que cometan delitos de tráfico, depredación y extracción.
En pronunciamiento divulgado hoy, varias entidades de la sociedad civil subrayan que Incluir este delito dentro de los alcances de la Ley contra el Crimen Organizado brindará mayores estrategias y herramientas de investigación a jueces y fiscales, y ayudará a desarticular las redes delictivas.
Se recordó que el Perú es un punto clave para el tráfico ilegal de vida silvestre a nivel mundial por su megadiversidad. Tan solo entre 2000 y 2016 se realizaron casi 6000 intervenciones de productos y subproductos de fauna silvestre en el país con destino hacia Europa, Asia y Norteamérica.
Seguidamente, se denuncia que algunos gremios y personas con interés en el sector pesquero han tergiversado el propósito de la ley para promover falsamente que la ley 31622 perjudica al pescador artesanal y lo criminaliza. Sin embargo, las fiscales ya han dejado en claro que no cualquiera puede ser investigado y juzgado como parte de una organización criminal.
Por ello resaltan la necesidad de mejorar los procesos participativos de políticas públicas para que los pescadores estén mejor informados y que desde el Gobierno se tomen acciones de manera proactiva para generar espacios en los que puedan aclarar sus dudas.
