Más entidades se expresaron a favor de la vigencia de la Ley Forestal. El Ministerio del Ambiente (Minam) expresó su “rechazo a la puesta en agenda del Congreso de la República para la aprobación por insistencia de la autógrafa de ley que debilitaría la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, poniendo en riesgo el presente y el futuro de la Amazonía peruana”. La cartera ministerial se refiere al Proyecto de Ley n° 3666/2022-CR impulsado desde el Parlamento. Igual posición también fue suscrita por el Ministerio de Cultura.
A través de un comunicado, se recuerda que el texto fue observado por el Poder Ejecutivo, pues propone modificar el artículo 33 de la citada Ley, indicando que la Zonificación Forestal ya no sería aprobada por el Minam. Además, permite que los predios rústicos prosigan actividad agrícola sin sustento técnico, que ocasionaría la degradación de suelos forestales.
Se añade que los pueblos indígenas no fueron consultados en la formulación del citado proyecto de ley; a diferencia de la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre. “En conclusión, esta norma facilitaría la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales, afectando su funcionalidad y los servicios ecosistémicos que estos brindan, y, por consiguiente, el desarrollo social y económico de la población que la habita, así como del presente y futuro de todos los peruanos y peruanas”, refiere el comunicado.
En tanto, la Defensoría del Pueblo también “expresa su rechazo al dictamen aprobado por la Comisión Agraria del Congreso de la República, mediante el cual se insiste en la autógrafa recaída en los proyectos de ley n.° 649/2021-CR, n.° 894/2021-CR y n.° 2315/2021-CR, que plantean la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre; cuyo debate por el Pleno ha sido recientemente agendado”.
Seguidamente, dicha entidad alertó en un pronunciamiento sobre los riesgos que esta iniciativa legislativa conllevará a la preservación de nuestro patrimonio natural. Por ejemplo, se señala que “agrava la problemática de la deforestación, al incentivar y validar conductas ilegales” en perjuicio de los bosques amazónicos y los derechos humanos de los pueblos indígenas, entre otros riesgos.
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