PIURA. Los recursos marinos son tan importantes para el país como las medidas legales que existen para protegerlos. Con este motivo, el pasado miércoles 16 de este mes se aprobó la inclusión del tráfico de fauna silvestre dentro de los ámbitos de la Ley Contra el Crimen Organizado. Un avance a todas luces a favor de la conservación de nuestros recursos. Sin embargo, desde ayer, en la bahía piurana de Sechura, La Asociación Nacional de Armadores Pesqueros de la Ley 29620 (ANAP), acata un paro indefinido en la búsqueda de un solo objetivo: su derogación.
Se levanta una voz de alerta y es que corre peligro la vigencia de la ley 31622, la cual fortalece la lucha contra el tráfico ilegal de especies silvestres. Esto se produce no solo por desinformación, sino por la voluntad de aquellos que buscan seguir impunes. El Perú dio un gran paso por ser el primer país de Sudamérica en incluir dicho delito en los alcances del crimen organizado. Sin embargo, un grupo de pescadores artesanales y miembros del Parlamento, que antes habían apoyado esta ley, ahora buscan que este logro quede sin efecto.
Veamos. Desde su cuenta de Facebook personal, la congresista Maricruz Zeta, representante por la región Piura y una de las interesadas en derogar esta ley, comentó en su participación en la Comisión Multipartidaria Hambre Cero, acerca de su preocupación sobre los alcances de la ley. Allí manifestó que los pescadores no están saliendo a laborar porque se sientes amenazados.
“Los pescadores se ven impedidos de realizar sus actividades cotidianas pensando que podrían incurrir en algún tipo de delito ambiental, y sufrir persecución penal por parte del Ministerio Público”, consideró la congresista de la República en la reunión sostenida el día de ayer.
No obstante, dicho argumento se basa en la desinformación que existe alrededor a esta norma. «Esta ley endurece las penas y le dota a las Fiscalías de mayores técnicas de investigación contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de especies. No ha sido diseñada para criminalizar a pescadores artesanales, como se está tratando de desinformar. Ha sido concebida para enfrentar casos en los que existan organizaciones criminales creadas exclusivamente para delinquir, ya sea traficando aletas de tiburón o caballitos de mar al mercado asiático, para poner un par de ejemplo», declaró Percy Grandez, abogado con maestría en derecho ambiental y expresidente de la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para INFOREGIÓN.
Diversos gremios, que aseguran ser representantes de los pescadores artesanales, han acudido no solo a la congresista María Cruz Zeta Chunga (Fuerza Popular) sino también al parlamentario Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre) para que sus quejas orientadas a derogar la modificación sean escuchadas. Por su parte, desde la (ANAP), también se pide la expulsión definitiva del país de la ONG Oceana por considerar que «le ha hecho daño al sector pesquero».
«Hemos conversado con representantes de gremios pesqueros de Paita y de otras caletas de Piura. Además con dirigentes de Tumbes, Chimbote, Moquegua, Tacna y Arequipa que han entendido los alcances de esta ley para combatir la pesca ilegal. Incluso las Federaciones Regionales del Sur se han puesto de pie para defender esta ley. Nosotros estamos dispuestos a conversar con cualquier gremio», sostuvo Carmen Heck, abogada y Directora de Políticas de Oceana en Perú, quien viene siendo querellada por mafias interesadas en derogar la ley.
Mientras tanto, los gremios pesqueros de Paita están de acuerdo en no acatar el paro. Sin embargo, las presiones políticas y los intereses de grupos que lucran con la explotación de los recursos marinos parecen hacer eco en las decisiones de las autoridades. Según fuentes especializadas consultadas por INFOREGIÓN, quienes dicen representar a los pescadores artesanales en realidad son los llamados armadores, quienes son los dueños de las embarcaciones; es decir, los propietarios de dicho medio de transporte. También estarían detrás las mafias vinculadas al desvío de harina de anchoveta.
«Esta ley se aprobó por unanimidad [en el Congreso] con 111 y 93 votos respectivamente. Sería muy extraño que los congresistas retrocedan. Hay muchas presiones políticas, pero existe un tema técnico. La ley contó con la opinión favorable de todas las autoridades competentes consultadas. Entre ellas, el Ministerio Público, quien señaló que está ley es útil por las herramientas que se le da a las autoridades para combatir las redes criminales que lucran depredando nuestros recursos naturales», añadió la Directora de Políticas de Oceana en Perú.
En tanto, Macrosur, gremio pesquero que abarca las regiones Arequipa, Moquegua y Tacna, se ha pronunciado a favor de la Ley 31622, ya que considera que beneficiaría a los pescadores artesanales. «Existen atributos y condiciones específicas que establecen cuáles son redes criminales y los pescadores artesanales estamos lejos de serlas«, se puede leer en su pronunciamiento.
En todo esto, como se dijo, tiene que ver la desinformación. Por ello, los pescadores artesanales que tengan dudas sobre cómo funciona esta modificación, pueden acercase a los despachos de los fiscales encargados en los temas ambientales para que se les explique sus alcances. Dejando intereses de un lado, los recursos marinos están en riesgo. Las mafias no puede ganar la batalla en el camino por la conservación de nuestro patrimonio natural.
