El Parlamento Andino aprobó un marco normativo para perseguir a los autores del delito de tala ilegal que se perpetre en los bosques amazónicos. La medida se tomó a través de la Comisión Cuarta “De Desarrollo e Integración Económica, Producción, Competitividad y Complementariedad, Infraestructura y Energía”.
En ese sentido, dicha instancia dio visto bueno al marco normativo para la “Lucha contra la tala y comercio ilegal de madera en los bosques amazónicos de la región andina”. El autor de la iniciativa es el parlamentario Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, representante peruano en esa instancia.
Sobre el tema, el legislador mencionado elaboró un documento tras meses de trabajo y consulta con las diferentes instituciones involucradas tanto en el Perú como en Colombia, Ecuador y Bolivia, países que tienen en común el reto de combatir el delito de la tala ilegal de sus bosques amazónicos.
Ramírez explicó que los crímenes forestales involucran una serie de acciones ilícitas. Por ello, es preciso uniformizar criterios y marcos normativos en los países que padecen las consecuencias de los crímenes forestales.
El marco normativo orientará un trabajo conjunto entre las autoridades forestales de los países andinos para la reducción de la tala ilegal y a la promoción de los negocios y cadenas de valor forestal que se abastecen de madera cosechada de forma legal en los bosques amazónicos. Además, busca sentar las bases para la construcción de estrategias regionales que se ocupen de aspectos relacionados a esta problemática.
Asimismo, el documento toma como referencia las recomendaciones de la Interpol, entidad que sostiene que a fin que las acciones de lucha contra este flagelo sean efectivas, estas deben ser coordinadas entre las agencias de los gobiernos y estas a su vez ser apoyadas por los otros países vecinos por los que los criminales de la madera trasuntan.
Los taladores ilegales tienen acceso a grandes fuentes de financiamiento internacional y se movilizan de un país al otro para no ser detectados. Actualmente, las leyes no son drásticas y no se corresponden con la estructura de crimen organizado, quizás porque este delito no personaliza de manera inmediata a una víctima.
Para combatir la tala ilegal es necesario accionar utilizando todos los recursos de investigación encaminados sobre todo a identificar a los protagonistas de las estructuras criminales en todos sus niveles, especialmente identificar a los que lo financian como lo recomienda la Organización Internacional de Policía Criminal, argumentó Ramírez.
