VRAEM. En el mundo, hasta el año 2020, aproximadamente unas 21 millones de personas consumían cocaína (UNODC-Reporte Mundial de Drogas). Como se sabe, esta sustancia tiene como principal insumo la hoja de coca. En el Perú, los cultivos ilegales de esta planta han logrado, por años, ser uno de los principales problemas del país, ya que gran parte de ellos son destinados a la producción de cocaína. La lucha que se libra contra esta actividad ilegal es una historia cuyo final está lejos de avizorarse.
Distintas entidades del Estado en nuestro país como el Ministerio del Interior, Devida, la Policía Nacional del Perú, el mismo Ejército, entre otras, han intentado frenar el avance del narcotráfico en la zona de mayor conflicto y lugar con más presencia de cultivos de coca desde el año 2019: el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), que también es denominado como el «valle de la droga».
No obstante, un reciente conflicto parece poner en peligro la lucha contra el narcotráfico en el Vraem, pues diversos actores no están de acuerdo con las políticas llevadas por el gobierno en este lugar donde lo ilegal pone sus propias reglas.
Una bomba de tiempo
Desde mediados de septiembre de este año, el Ministerio de Interior (Mininter), cartera a cargo de Willy Huerta, decidió frenar las acciones de erradicación forzosa de los cultivos de hoja de coca en el Vraem. Esta decisión se dio luego de que el movimiento cocalero Federación de Productores Agropecuarios del Vraem (Fepavrae) empezara un paro de 48 horas en la zona, conocida además por concentrar el 40% de superficie cultivada a nivel nacional de hoja de coca. De esa producción, el 90% termina en la elaboración de cocaína.
Hace unos días, el Mininter anunció la conformación de una mesa de diálogo para el 7 de octubre en la que invitaba a participar a los miembros del Fepavrae; no obstante, el secretario general de este grupo, Ever Romero Aguirre, afirmó que ellos rechazaban la invitación porque el gobierno los estaba meciendo. Se argumentó que en ese diálogo debían estar presentes organismos como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Defensa, el mismo Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura, Devida y Enaco, ya que estas son las entidades relacionadas al tema coca.
La principal razón del paro mencionado fue exigir al Estado el retiro de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) en su territorio, así como y del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah), al no haber podido articular con el Gobierno una reducción gradual, concertada y voluntaria como parte del Pacto Social Ciudadano (PSC) que anunció Devida.
El Pacto Social Ciudadano consiste en un compromiso entre el Estado y la sociedad civil andina y amazónica, con prioridad en los pueblos indígenas y originarios, las productoras y productores agrarios, para reducir los cultivos de coca con fines ilícitos y contribuir al desarrollo integral sostenible. No obstante, en la práctica este concepto parece no tener ni impacto ni credibilidad entre los agricultores del Vraem.
«Difícilmente un gremio cocalero va a poder estar de acuerdo con un proceso que implica que se afecten sus intereses económicos», afirma para este medio Nicolás Zevallos, exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y autor del libro Control y defensa del cultivo de hoja de coca en el Perú.
Por su parte, Álvaro Pastor, licenciado en Sociología y uno de los investigadores del proyecto Gobernanza indígena en contextos de economías ilícitas: el caso de las comunidades Asháninkas del VRAEM, nos comentó que el cese del proceso de erradicación no es algo positivo, pero que ese rechazo a las acciones de las instituciones es algo histórico.
«Hay una visión muy negativa en relación al técnico en la zona del Vraem, hasta de aquellos que están en contra de los cultivos de la hoja de coca, porque se piensa que se llenan los bolsillos. Las personas con las que yo he conversado, quizás sienten esa animadversión, con Devida principalmente, porque no han desarrollado economías alternativas [como el café o el cacao] sostenibles y sostenidas en el tiempo; a pesar de que sí reconocen su labor», considera Pastor.
No veo como algo positivo este paro de la erradicación»
-Álvaro Pastor
En adición al rechazo a los procesos de erradicación en el Vraem, el mensaje del Estado peruano ha sido contradictorio. Recordemos que en marzo del presente año, Alfonso Chávarry, uno de los tantos ministros que han encabezado el Ministerio del Interior, confirmó que en el 2022 sí habría erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca en el Vraem; mientras que, por entonces, el actual jefe de Devida, Ricardo Soberón, aseguraba a los cocaleros que allí no se entraría a erradicar.
Para Zevallos, la razón de la impopularidad del discurso de la erradicación es que organismos como Devida no logran homogeneizar su discurso del desarrollo. «La erradicación viene siendo bastante limitada en estos momentos. En los siguientes años se puede esperar un crecimiento exponencial de la expansión de los cultivos ilícitos. Devida tiene la misión de visibilizar su rol como promotor del desarrollo en las zonas afectadas por economías ilegales. Mientras no consiga posicionar esa mirada, es complicado que logre tener aceptación», comenta.
«Solo se cumplen metas»
En el escenario actual del Vraem, con muchos cambios ecológicos que afectan el acceso a medios de vida de las comunidades asháninkas, la economía cocalera ha ido ganando un lugar para el sustento económico dichos comuneros y comuneras, por lo que ha generado diversas posturas en los procesos de erradicación.
Fue en el 2019 que se dio una respuesta del Gobierno central respecto al control de los cultivos de coca en el Vraem: iniciar por primera vez las acciones de erradicación forzosa. De acuerdo a lo que dijo Devida, esto fue a pedido de que las comunidades nativas Ashaninkas hayan denunciado la penetración del narcotráfico en sus territorios; no obstante, los presidentes de las federaciones de esta comunidad indígena dijeron que el proceso de erradicación nunca fue consultado.
«No hay un proceso de consulta previa. En las zonas donde hay cultivos de coca se producen invasiones de terrenos o amenazas. Las comunidades han reclamado la intervención del Estado, pero la respuesta más rápida fue la erradicación y con eso se homogeniza el pedido de toda la comunidad. No se ven a todos los actores; por ejemplo, la población asháninka también ve en los cultivos de coca una alternativa de agricultura familiar, pero no es que estén a favor de lo ilícito. Las comunidades no quieren economías ilegales porque son muy depredadoras», señala Pastor.
«Las comunidades no quieren economías ilegales porque son muy depredadoras»
-Álvaro Pastor
Sin embargo, detrás de estas negativas hacia el proceso de erradicación también existe el miedo de las comunidades a recibir represalias. «El Estado no tiene la capacidad de protegerlos y así creas más vulnerabilidad. Por ello este paro de la erradicación lo veo como una oportunidad para priorizar algunas cosas. Si quieres erradicar en zonas donde hay comunidades hay que hacer un fortalecimiento de su seguridad territorial. Hay que garantizar mecanismos de protección para los defensores ambientales. No solamente ver la política de drogas, porque al final solo cumples las metas», añade Pastor.
Mientras tanto, hasta la fecha no se ha reiniciado el proceso de erradicación en la mayor zona cocalera del país, la cual, según los resultados de las zonas con presencia de cultivos monitoreados por Devida en el 2021, contiene 32 106 hectáreas de sembríos de coca, casi tres veces más terreno que el segundo lugar con mayor presencia de esta plantación, Inambari-Tambopata (9730 hectáreas).
Desde el 2017 hasta el 2021 ha existido un decrecimiento de la cantidad de hectáreas de coca erradicada. Esto da como resultado que el narcotráfico crezca y la vulnerabilidad de los actores involucrados también. Pero vale la pena preguntarse si dicha política está siendo implementada de la manera más óptima. Sus detractores opinan que no, ¿se seguirán exponiendo cifras que solo cumplen metas? ¿o el discurso de la erradicación en el Vraem traerá consigo un nuevo pacto social?
Hasta hoy, el narcotráfico va ganando.
