LIMA. Acuerdo de Escazú recibió nueva negativa de parte del Congreso. El Poder Legislativo, en votación realizada por la Comisión de Relaciones Exteriores, decidió archivar la Resolución Legislativa N.° 239 que impulsaba garantizar y fortalecer la protección de los derechos de los defensores ambientales mediante el Acuerdo de Escazú. De esta manera, el Legislativo rechaza por segunda vez este tratado internacional suscrito por 24 países de América Latina y el Caribe.
Al respecto, el titular del grupo legislativo, Carlos Bustamante, sostuvo que el Perú ya tiene herramientas jurídicas en temas ambientales, como la regulación al derecho de información, que los temas están contenidos en la Constitución, la Ley de Transparencia, la ley de participación de control ciudadano, la ley de consulta previa, hábeas data, etc. Añadió que el país tiene un Ministerio del Ambiente y un tribunal de transparencia y derecho a la información pública.
Cabe recordar que algunos pilares impulsados por el tratado regional del Acuerdo de Escazú son
un acceso oportuno a la información ambiental, la participación en la toma de decisiones que involucren el ambiente y la promoción del acceso a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales en los países de América Latina y El Caribe. No se debe olvidar que promueve el reforzamiento de la protección de los defensores ambientales.
Voces expresan rechazo a decisión parlamentaria
La Defensoría del Pueblo, desde su cuenta Twitter expresó: «Rechazamos el archivo de la propuesta para ratificar el Acuerdo de Escazú en la Comisión de Relaciones Exteriores. Su ratificación contribuirá a garantizar los derechos humanos ambientales de acceso a la información, participación y justicia ambiental, seriamente debilitados en nuestro país».
Seguidamente, añadió: «Solicitamos a la Cancillería del Perú insistir en la siguiente legislatura con la propuesta de ratificación del Acuerdo de Escazú, y al Congreso a aprobarla, a fin de dotar a nuestro marco jurídico de la efectividad que requiere para proteger los derechos humanos ambientales».
Por su parte el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (Caaap) en su cuenta Twitter recordó que «en el año 2020 también se negó la aprobación de este tratado que busca la justicia ambiental. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde 2011, al menos 29 defensores ambientales han sido asesinados en el Perú por proteger sus territorios».
En tanto, Fátima Contreras, especialista legal de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, expresó que «al no ratificar Escazú, Perú está perdiendo la oportunidad de no participar en la definición de estos instrumentos internos. Además, estamos desperdiciando un espacio de retroalimentación y cooperación internacional a favor de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la justicia ambiental, cuya implementación no es efectiva, como lo hemos podido ver en el manejo del derrame de petróleo”.
