AMAZONÍA. Recientemente se desarrollan operativos de erradicación de los cultivos de hoja de coca ilegales en las inmediaciones y territorios de las comunidades nativas de Mariscal Cáceres, Unipacuyacu, Yamino, Puerto Azul y Santa Martha tras los reclamos organizaciones indígenas como Fenacoka, ORAU, Aidesep, etc, que desde el 2019 denuncian el crecimiento de la narcoviolencia en la frontera entre Huánuco y Ucayali. Así lo hizo saber un pronunciamiento público de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibos (Fenacoka).
Se añade que los operativos han generado acciones de represalia inmediata de parte de los narcotraficantes instalados en la zona. Se recuerda que la selva central sufre un incremento de violencia por actividades económicas ilícitas: la tala ilegal, el cultivo ilegales de coca, tráfico de tierras, narcotráfico y la titulación de colonos promovida irresponsablemente por las autoridades. La pandemia tuvo un efecto catalizador en las amenazas a comunidades indígenas de Ucayali, Huánuco y Junín.
La Fenacoka precisa que estos operativos de erradicación constituyen un hito importante y el primer golpe real que se le da al narcotráfico en la zona. Sin embargo, no se ha atendido la advertencia de las organizaciones indígenas sobre la necesidad de acompañar estas acciones con una presencia efectiva de las fuerzas del orden, caso contrario, este tipo de intervenciones parciales dejan a las comunidades que hacen denuncias expuestas a las represalias de los invasores armados.
El pronunciamiento, además, precisa que la erradicación debe seguir y ampliarse, razón por que se demandan a las autoridades la implementación de las siguientes acciones:
1. Al Midagri y el GORE Huánuco: la titulación inmediata de las comunidades indígenas kakataibo.
2. Al Ministerio del Interior: intervención policial en las comunidades nativas de Unipacuyacu, Yamino, Mariscal Cáceres, Puerto Azul y Santa María para salvaguardar la vida de todos sus miembros. Además, desarrollar estrategias de seguridad integral, que consideren a las familias indígenas que conviven con la violencia.
3. Al Minjusdh: convocar al Mecanismo Intersectorial para la para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos para una nueva sesión de trabajo urgente para tratar los riesgos a la vida producidos directamente por los operativos de erradicación. Debe además considerarse como defensores a los líderes, sus familias, pero también como sujeto colectivo amenazado al pueblo indígena Kakataibo y su organización Fenakoka.
4. Redireccionar los programas de desarrollo alternativo de Devida, previo acuerdo con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas en pleno respeto del Convenio 169 de la OIT.
5. El Ministerio público, sus fiscales competentes y especializados deben iniciar una investigación pra conocer a los autores intelectuales de los actis de amenaza, hostigamiento y asesinatos sufridos por líderes kakataibo.
6. Devida debe brindar una remediación urgente en la zona que incluya la solución a las invasiones de cocaleros que han promovido de manera indirecta: es urgente el saneamiento legal de los territorios y mayor presencia estatal, a través de proyectos de desarrollo alternativo.
7. A las embajadas de los Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Noruega, Alemania y a todas las agencias de la cooperación y organizaciones internacionales involucradas en la estrategia de lucha contra el narcotráfico y la deforestación derivada de la proliferación de las economías ilegales en toda la Amazonía; les solicitaos que usen todos sus canales de asistencia técnica para garantizar intervenciones que garanticen nuestro derecho a la vida, con desarrollo alternativo, seguridad territorial y verdadera lucha contra la deforestación.
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