El Gobierno central decidió declarar «por el término de sesenta días calendario, el estado de emergencia en la provincia de Condorcanqui del departamento de Amazonas. La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas». La medida se tomó ante la presencia de actividades delictivas vinculadas con la minería ilegal, tala ilegal y otros delitos conexos que tienen lugar en ese territorio.
Seguidamente se establece que durante el estado de emergencia «quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú».
Además, se señala que «la participación de los gobiernos locales de la provincia de Condorcanqui del departamento de Amazonas, se efectúa en el marco de la normatividad vigente en materia de seguridad ciudadana». La medida se dictaminó a través del Decreto Supremo Nº 072-2022-PCM publicado en el diario oficial El Peruano, la cual lleva por título el siguiente: «Declaración de Estado de Emergencia en la provincia de Condorcanqui del departamento de Amazonas».
Como se recordará desde hace algunos meses la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) alzó su voz para denunciar el incremento de actividades ilegales que atentaban contra el ambiente y seguridad de la población. Reclamos similares también fueron formulados por el Gobierno Autónomo de la Nación Wampís (GTANW).
