Ante la decisión del Consejo de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI) de suspender temporalmente al Perú, la Defensoría del Pueblo demandó al Ministerio de Energía y Minas (Minem), en su calidad de entidad que preside la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento y supervisión de la transparencia en el empleo de los recursos que obtiene el Estado por el desarrollo de las industrias extractivas minera e hidrocarburíferas, elaborar y publicar con urgencia el Octavo Informe Nacional de Transparencia.
A través de un pedido dirigido al Ministerio de Energía y Minas, la Defensoría del Pueblo advirtió que la presentación de dicho informe antes del 31 setiembre próximo, permitirá que se restituya al Perú la categoría de país cumplidor en la EITI.
Cabe recordar que EITI es una organización que promueve la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas sobre el uso de los ingresos provenientes del petróleo, el gas y la minería en los países ricos en recursos naturales. El Perú es parte de dicha iniciativa desde el 2005 y en febrero de 2012 se obtuvo el estatus de país cumplidor, siendo el primer país en Latinoamérica en alcanzar dicho logro. Dicha categoría es revalidada cada 5 años; no obstante, se tomó conocimiento de que el Estado ha incumplido con la entrega del Octavo Informe Nacional de Transparencia, cuyo plazo venció en diciembre de 2021, y su posterior ampliación, el 31 de marzo último.
De acuerdo a lo explicado por la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Lissette Vásquez, para la Defensoría del Pueblo resulta de suma importancia que el Perú cumpla con la presentación del Octavo Informe de Transparencia Nacional correspondiente a los años fiscales 2019 – 2020, instrumento fundamental para el control ciudadano sobre los ingresos de las industrias extractivas, el cual además contribuye en el fortalecimiento de la protección de los derechos de acceso a la información pública y de participación ciudadana, así como en la prevención de conflictos sociales.
“Las actividades extractivas, realizadas en forma sostenible y con respeto a los derechos humanos, son uno de los principales motores de la economía de nuestro país y representan una importante fuente de recaudación tributaria para el Estado peruano, lo cual debe favorecer la redistribución de ingresos en nuestra sociedad y permitir el desarrollo de las políticas públicas en favor de la población, y la transparencia resulta un factor clave” precisó Vásquez.
Finalmente, instó a la Autoridad Nacional de Transparencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como ente rector en la materia, a supervisar el cumplimiento de la elaboración y publicación del Octavo Informe Nacional de Transparencia en el marco de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI), informó la Defensoría del Pueblo.
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Para acceder a los documentos dirigidos al Ministerio de Energía y Minas; y a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ingrese a los siguientes enlaces:
http://www.defensoria.gob.pe/documentos/oficio-n-0172-2022-dp-amasppi/
http://www.defensoria.gob.pe/documentos/oficio-n-014-2022-dp-aac/
