Debido al incumplimiento en los plazos para la entrega de información sobre las actividades de las industrias de minería, energía e hidrocarburos, el Perú no podrá participar en la iniciativa global para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). Con ello, nuestro país se convierte, junto con Tayikistán, en los únicos dos países suspendidos.
La decisión, tomada desde el Consejo Internacional de la Iniciativa, mediante Decisión N° 2022-22, se da luego de que nuestro país excediera el límite del 31 de marzo para presentar el informe correspondiente a los años 2019 – 2020.
La EITI es una alianza global de la cual el Perú es parte desde hace 15 años, junto a 52 países. A nivel global y en cada país se conforman Comisiones integradas por representantes del gobierno, empresas extractivas y sociedad civil, y en nuestro país es liderada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Dicho ministerio no brindó el VIII Informe Nacional de Transparencia, hecho que había sido advertido en los últimos meses por organizaciones civiles y por gremios de empresas de dichos sectores. El Perú era uno de los países líderes en la categoría País Cumplidor, la cual implicaba una iniciativa a nivel descentralizado en cinco regiones del país: Piura, Arequipa, Loreto, Moquegua y Apurímac.
“La suspensión es una mala señal para las inversiones y también para la sociedad y las comunidades que tienen relación con esta actividad”, afirma Epifanio Baca del Grupo Propuesta Ciudadana.
Conflictividad socioambiental
Durante la última década, más de 470 derrames han afectado a la Amazonía del Perú, cifra alarmante por los impactos a la vida, salud y al ambiente. De acuerdo con el Informe de la Defensoría del Pueblo, el derrame de petróleo en La Pampilla contaminó 46 playas. Este ya ha sido considerado por medios internacionales como el peor derrame en nuestro país.
Cabe destacar que en el 2021, de los 199 conflictos sociales que se registraron en el Perú hasta noviembre de ese año, 128 eran de carácter socioambiental. Uno de ellos fue en la región La Libertad, en las provincias de Santiago de Chuco, Otuzco, Virú, Gran Chimú, Sánchez Carrión, Pataz, Trujillo. Los Integrantes de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (Cunarc) exigen al Estado acciones de remediación ambiental por la contaminación del río Moche y las carboneras del distrito de Salaverry. Además del equipamiento para la seguridad ciudadana, infraestructura hospitalaria y proyectos de inversión como carreteras e instituciones educativas, y su rechazo al alza de precio de fertilizantes.
Por ello, iniciativas como el EITI resultan fundamentales como espacios de interacción entre el Gobierno, empresas y sociedad civil, que contribuyen al desarrollo sostenible del país y calidad de vida de las poblaciones locales, todo ello a través de la transparencia y acceso a la información.
Camino a una solución
La suspensión mencionada que afecta al Perú podría ser revertida si el Gobierno de nuestro país cumple con la publicación del informe mencionado antes del 30 de septiembre de este año, pues en caso de no hacerlo se considerará la expulsión definitiva. Es decir, el Perú tiene seis meses de plazo para solucionar esta falta.
Sobre esta decisión, Vanessa Cueto, vicepresidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y representante de sociedad civil en la Comisión Nacional EITI, dijo: “Desde DAR hemos venido advirtiendo del incumplimiento de este compromiso asumido por el Estado peruano, incluso ante el Secretariado Internacional del EITI en su reciente visita de marzo al país. Con esta suspensión, el Perú -junto a Tayikistán- se convierten en los dos únicos países de 52 miembros de la Iniciativa en encontrarse suspendidos por incumplimiento de plazos”.
Debemos recordar que el Minem es la entidad encargada de financiar la elaboración del referido informe, siendo necesario precisar que a la fecha también se encuentra pendiente de elaboración los informes de transparencia en las regiones con Comisiones EITI (Loreto, Piura, Arequipa, Moquegua y Apurímac).
La suspensión temporal del Perú de la iniciativa representa un duro golpe para la gobernanza ambiental en el país. Es urgente que el Minem ponga en la agenda prioritaria la elaboración del VIII Informe Nacional de Transparencia EITI. Asimismo, la sociedad civil debe estar vigilante al cumplimiento de los compromisos del Perú.
