LIMA. La reciente promulgación de la Ley Nº 31388, la cual amplía hasta el 2024 el proceso de formalización minera, fue consagrada por el actual presidente Pedro Castillo, pese a la oposición argumentada que postularon varias entidades de la sociedad civil, entidades públicas como el Ministerio del Ambiente (Minam), así como varios especialistas en esta materia.
Como se recordará, esta prórroga minera tuvo, previamente, el visto bueno del Pleno del Congreso en las postrimerías del 2021. Ya para ese entonces, Inforegión había lanzado la voz de alerta acerca de los peligros que conllevaba esa iniciativa. Por entonces, recogimos la voz autorizada de dos especialistas en el tema: César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental; y Erick García, representante legal de Interacción Ambiental.
Al respecto, Ipenza alertó que con esta nueva ampliación «vamos a seguir teniendo muertos bajo operaciones sin ninguna seguridad de parte de autoridades que representan a los intereses de mineros que no desean formalizarse». Añadió que la decisión parlamentaria tiene en cuenta los comicios del 2022: «No olvidemos que (este) año es electoral (hay elecciones municipales y regionales), razón por la que se puede entender que diversas bancadas han apoyado (dar una ampliación más) porque los votos de los mineros no son poca cosa».
Ipenza calificó la medida del Congreso como un «retroceso. En general, el país es el perdedor». Lamentó que así se impulsa la destrucción del patrimonio de todos nosotros, que se sigan contaminación los ríos, se expanda la deforestación y la muerte de gente en operaciones sin control; todo ello conlleva el empleo de menores de edad, sicariato, trata de personas, etc. Seguidamente, alertó que tras esta ampliación se avecina un proyecto de ley que va a permitir la instalación de dragas en los ríos de la Amazonía.
En tanto, García sostuvo que «abrir el registro (de inscripción minera), lo que permite es que los mineros que sigan apareciendo podrán incorporarse al registro mostrando los documentos y con esa inscripción poder exonerarse de una responsabilidad penal. Estaríamos legalizando la impunidad», alertó. Al ser este un hecho que se ha repetido, lo que hemos visto es que el Estado ha venido dando largas (a este proceso) sin tener una acción previsora de lo que vendrá después, una vez que el proceso concluya, frente a los mineros que se encuentren sin cumplir requisitos a los que se encontraban obligados, añadió.
Más voces en contra
Recordamos los cuestionamientos a esta ampliación presentados por entidades públicas como el Ministerio del Ambiente (Minam) o la Defensoría del Pueblo. Tras la decisión del Congreso, el Minam consideró que esta prórroga carece de garantías para mejorar la aplicación de salvaguardas ambientales, ya que amplía de manera genérica el proceso de formalización minera, sin desarrollar ni establecer condiciones para asegurar la adecuada gestión ambiental de las operaciones mineras en formalización.
En tanto, la Defensoría del Pueblo publicó por entonces en su cueta de twitter el siguiente mensaje: «Rechazamos decisión del Congreso de ampliar vigencia del proceso de formalización minera por 3 años. Medida desnaturaliza su carácter excepcional y temporal, siendo perjudicial para la sostenibilidad del país y beneficia a la minería ilegal».
No olvidamos que organizaciones de la sociedad civil y los miembros del Observatorio de minería ilegal y actividades vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad y las organizaciones indígenas de la Amazonía emitieron un pronunciamiento demandando a que el Gobierno observe la ampliación de la vigencia del proceso de formalización minera aprobada por el Congreso. De esta manera expresaron su rechazo a esta iniciativa señalando también los peligros ambientales que conlleva.
