Ante el caso de “Run Run”, el zorro andino que fue comprado como un perro por parte de una familia del distrito de Comas, y otras recientes denuncias por el hallazgo de otros animales silvestres en abandono, los expertos y especialistas debatieron nuevas propuestas para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre en el Perú.
En el contexto de esta problemática que se visibilizó a través del zorrito “Run Run”, los expertos resaltaron la enorme importancia de educar a la población, así como incluir el tráfico de fauna silvestre como delito de crimen organizado y aplicar nuevas ordenanzas regionales y locales para prevenir más casos de este delito ambiental.
Luis Zari, asistente legal del Programa de Bosques de la SPDA, sostuvo que debido a la gran demanda que hay sobre el tráfico de fauna y a los impactos que genera, como la alteración de ciclos biológicos, dispersión de enfermedades y contaminación genética, se hace necesario educar a la población y realizar un trabajo articulado entre Serfor, Sernanp, Produce, Ministerio Público, la PNP y un control fronterizo.
“No seamos cómplices, denunciemos. Tratemos de tener un rol más protagónico para evitar el tráfico de especies silvestres”, sentenció Zari durante el webinar “Bosques y fauna silvestre: Propuestas para reducir la deforestación y el tráfico ilegal de fauna silvestre en el Perú”, que se realizó como parte del evento “El Perú que necesitamos: propuestas para una agenda de desarrollo sostenible”, organizado por el 35 aniversario de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
¿Cuál es la propuesta?
Desde la SPDA, se plantea el fortalecimiento de la articulación interinstitucional que ordene las competencias de las autoridades. Actualmente, esta propuesta está en proceso de formulación y se espera la aprobación del Serfor. Otras iniciativas son las ordenanzas regionales y locales para la prevención y el control.
Jessica Gálvez-Durand, directora de la DGSPFS del Serfor, comentó que estas propuestas representan una herramienta para mejorar el trabajo en contra del comercio ilícito de especies y que, con este protocolo de actuación, se “tiene un aterrizaje, una guía para la articulación” al igual que las ordenanzas que contribuyen a mejorar la labor de las municipalidades.
“Estas propuestas son importantes porque nos permitirá articular de manera más dinámica con otras instituciones como la Marina, PNP, gobiernos regionales, un mejor trabajo de prevención y acción contra el tráfico ilegal de animales”, precisó Gálvez-Durand.
Marco Navarro Guzmán, gerente de la GRRN y GMA del Gobierno Regional de Tacna, informó sobre la implementación en su región de nuevas ordenanzas que no buscan invadir competencias, sino contribuir a la disminución de tráfico de especies.
“Casos como los de ‘Run Run’ hubo en Tacna en muchas ocasiones con animales víctimas de tráfico, por lo que es necesario y oportuno que el gobierno regional se vincule a combatir esta problemática”, añadió.
¿Cómo reducir la deforestación?
Los expertos también abordaron las propuestas de cómo reducir la deforestación, dada la urgente necesidad en que viven los bosques de nuestro territorio.
Frida Segura, especialista legal del Programa de Bosques de la SPDA, explicó el tema de las Cesiones en Uso Para Sistemas AgroForestales (CUSAF), como una oportunidad para los bosques amazónicos y los agricultores familiares.
“El 50% de familias agricultores no ha logrado acceder a derechos formales sobre sus tierras. Con este tipo de título habilitante (CUSAF), lograrían incentivos que mejoren su estilo de vida y contribuirían a reducir la deforestación con prácticas de restauración de suelo”, comentó Segura.
Refirió que actualmente, hay 123 mil familias que podrían ser beneficiadas de CUSAF en la Amazonía. Sin embargo, el reto es grande, pues hasta la fecha solo existen 41 en la región San Martín.
Agrofor y el caso San Martín
El proyecto AgroFor surgió con el fin de implementar condiciones institucionales, técnicas y financieras necesarias, que permitan la implementación exitosa y a escala de las CUSAF. Plantea modificar el requisito de antigüedad de posesión continua, pública y pacífica, así como el registro de información de ordenamiento interno de estas, entre otros procedimientos que hagan de este título habilitante una opción más atractiva a los agricultores.
Dennis Armas, especialista en negocios Forestales y Mercado de la DPC del Serfor, mencionó que se requiere un proceso que disminuya costos y se adecue a lo que puedan aportar los usuarios, además de la necesidad de mejorar las escalas geográficas, es decir, cómo se registra la información y cómo se logra que varias instituciones tengan acceso a esta.
Sobre la experiencia de San Martín con las CUSAF, Mario Torres, responsable de Planeamiento y Gestión de Recursos Naturales de la ARA San Martín, mencionó que en 2017, y con la aprobación de Serfor, se tomó la iniciativa de aprobar los lineamientos de estos títulos habilitantes y en 2018 iniciaron 14 pilotos. Para el 2020, el GORE elaboró una guía para recoger las experiencias que permitirían orientar sobre esta herramienta, se informó a INFOREGIÓN.
