La lucha contra el narcotráfico está con las cifras en rojo. El Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Huallaga (Corah), el organismo dependiente del Ministerio del Interior que se dedica a la destrucción de los sembríos de hoja de coca en todas las cuencas del país, pudo acabar con 25.526 hectáreas en el 2019. Pero en el año siguiente, en el 2020, los resultados fueron catastróficos. Solo pudo acabar con 6.272 hectáreas de cocales. Esto es, el 24,5% respecto al año anterior. En lo que va del 2021, las cifras no son mucho menos alentadoras.
El 22 de febrero de este año, el exministro del Interior José Elice aprobó el plan anual de reducción de los cultivos de hoja de coca. Se proyectó eliminar 25.000 hectáreas. En este plan estaba comprendido ejecutar operaciones en el Eje Operacional Mazamari y en el Eje Operacional Anapati, ambos en la región Junín, en áreas consideradas como parte del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Sin embargo, debido al contagio de varios agentes del Corah con la COVID-19, el plan original fue modificado por el exministro Juan Carrasco. De las 25.000 hectáreas se redujo a 6.000 para todo el 2021. El 21 de setiembre se reiniciaron las operaciones, pero esta vez no se tomó en cuenta el Eje Operacional Mazamari ni el Eje Operacional Anapati. Las áreas del Vraem quedaron fuera, pero prosiguieron las acciones en Aguaytía, Ucayali; San gabán, Puno; y en San Martín y Ucayali.
Es decir, tanto en la campaña de erradicación del 2020 como del 2021, las metas de la destrucción de los cultivos de hoja de coca han disminuido drásticamente por efecto de la pandemia de la COVID-19.
Sin embargo, debido al replanteamiento del programa de destrucción de los cocales, algunos sectores han interpretado que se trataría de un gesto del presidente Pedro Castillo para ganarse la confianza de los agricultores cocaleros.
De acuerdo con fuentes de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida), sus reportes de inteligencia del 2020 mencionaban al ahora congresista Guillermo Bermejo Rojas como uno de los instigadores para oponerse a las políticas gubernamentales de reducción de la hoja de coca del Vraem. De hecho, una vez elegido parlamentario por el partido de gobierno, Bermejo regresó al Vraem para garantizar a los cocaleros que no habría erradicación de sus cultivos. La designación como ministro del Interior de Luis Barranzuela Vite, abogado defensor de Guillermo Bermejo, ha abonado la idea de una supuesta suspensión de la supresión de los cocales ilícitos.
La República preguntó directamente al ministro Barranzuela si había dispuesto que se detuvieran las operaciones de erradicación en el Vraem por parte de los agentes del Corah, con el apoyo de efectivos de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro). El titular del Interior manifestó que no había ordenado nada que significara el cambio de los planes previstos en materia de destrucción de cultivos de hoja de coca que hayan señalado Devida y el Corah.
“De ninguna manera he ordenado que se paralice la erradicación del cultivo de hoja de coca. Las operaciones siguen y continuarán en las zonas que están programadas por el Corah. El ministro del Interior no tiene ninguna injerencia en Devida”, señaló.
Respecto a por qué no habrá erradicación de cocales ubicados en el Vraem, indicó que esa había sido una decisión entre Devida, el Corah y el exministro Carrasco.
Sin embargo, sí ha habido contactos entre el Gobierno y los dirigentes cocaleros de las zonas más productivas del Vraem. Se les ha asegurado que las erradicaciones no serán compulsivas sino consensuadas.
“Nosotros planteando al Gobierno no una erradicación compulsiva, sino una reducción gradual y concertada. Mientras no haya diálogo, no queremos erradicación compulsiva. Hemos planteado sentarnos a conversar. Seguro el Gobierno va a plantear sus propuestas”, arguyó el dirigente del Comité de Productores Agropecuarios de Pichari, Emicilio Marquina Huaytra.
“La erradicación compulsiva va a traer consecuencias en el Vraem. Ya que el Vraem ha derrotado al terrorismo y el Gobierno lo sabe, por eso siempre tienen respeto al Vraem. La organización también es fuerte”, advirtió el líder cocalero Emicilio Marquina.
Pero también es cierto que la disminución de la erradicación de los cultivos de hoja de coca que se destinan al narcotráfico incrementará la producción de pasta básica y cocaína, en particular en el Vraem. El 25 de junio de este año, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, del Gobierno de los Estados Unidos, se refirió sobre el aumento de las hectáreas de hoja de coca y de la producción potencial de hoja de coca para el procesamiento de droga (ver recuadro).
Según los datos de la Casa Blanca, los cultivos saltaron de 72.000 hectáreas en el 2019 a 88.200 hectáreas en el 2020. Y el potencial de producción de cocaína, de 649 toneladas métricas en el 2019 a 810 toneladas métricas en el 2020.
Si tenemos en cuenta que en este año la erradicación será solo de 6.000 hectáreas –en el 2019 fue de 25.526 hectáreas–, entonces para el 2021 subirá considerablemente la producción de hoja disponible para su conversión en pasta básica y clorhidrato de cocaína.
Devida respondió de inmediato al Gobierno de los Estados Unidos cuestionando los números. “El informe no precisa la diferencia entre la cantidad de hoja de coca lícita para fines tradicionales e industriales (que en el 2019 fueron unas 12.000 toneladas métricas), de aquella hoja de coca que se destina para la producción ilícita de cocaína”, señaló Devida.
Sin embargo, lo que es indubitable es que el 2021 la erradicación sería menos de la cuarta parte de lo que se hizo en el 2019 –esto es, 25.526 hectáreas–, lo que tendrá un evidente efecto en la producción de droga.
El dirigente cocalero consultado por La
República, Emicilio Marquina, señaló que Guillermo Bermejo les ha asegurado que en el Vraem –la principal zona de producción de cocaína en el Perú– habrá en todo caso un tratamiento diferente. Al “estilo Bolivia”, dijo.
“Hay un proyecto de ley que promueve el congresista Guillermo Bermejo, quien nos asesora desde hace un tiempo. Es una ley al estilo de Bolivia para empoderar al agricultor. Nos reunimos hace un mes en Lima con Bermejo para la organización del Congreso de Cuencas Cocaleras. Él está siempre con nosotros”, dijo Marquina.
“Hace un año fue la última actividad de erradicación, por eso nosotros hemos planteado nuestras propuestas, pero nunca hemos sido escuchados. Al agricultor solo le queda hacer la lucha de resistencia. La mayoría lo usa para alimentar a sus hijos”, expresó.
La exjefa de Devida Carmen Masías consideró sospechoso que se reduzcan las operaciones de erradicación de cultivos de hoja de coca. “No creo que la pandemia de la COVID-19 sea una justificación. Probablemente es comprensible que se haya paralizado en el peor momento de la cuarentena, pero eso ya pasó. Si se siguen los protocolos, y si se trabaja en campo abierto, no se tiene por qué suspender la erradicación. Pero la solución para el Vraem es el desarrollo”.
Para el exministro del Interior Rubén Vargas, cualquier acción de suspensión o postergación de los cultivos de hoja de coca favorecerá al narcotráfico. “La política nacional de lucha contra las drogas señala una meta anual de erradicación de 25.000 hectáreas. Pero en el 2020 solo se erradicaron 6.000 hectáreas. Y en lo que va del año se han erradicado apenas 1.000 hectáreas. Entonces, si no se erradicó como se tenía previsto en el 2020 y en el 2021, y sumamos el crecimiento anual que es de 4% o 5%, es probable que en el próximo monitoreo del 2022 o 2023 las hectáreas de hoja de coca en el Perú podrían superar fácilmente las 100.000. Para revertir esto se necesita voluntad y decisión política”, señaló Vargas. De lo contrario, el gran ganador será el narcotráfico.
Fuente: La República
