Con esta norma, se actualiza y amplía el alcance de las medidas estatales e incluye a los distritos de Camanti, región Cusco, y Ayapata, región Puno. De esta forma, el plan responde a aspectos claves en la lucha contra la citada actividad ilícita, así como la contención del denominado “efecto globo”.
El Plan Restauración también incorpora la protección de los defensores ambientales. Además, busca ordenar los espacios donde se realiza minería y aquellos donde es posible efectuar la explotación minera, asegurando su convivencia sostenible con otras actividades productivas de importancia regional, como el manejo forestal; y, de otro lado, contribuyendo a optimizar la formalización.
En esa línea, se priorizan las acciones para la restauración de las áreas impactadas por la minería ilegal, la promoción y el fortalecimiento de las actividades productivas y el control sobre el comercio de mercurio, entre otros aspectos.
Articulación intersectorial
El plan es resultado de un intenso trabajo multisectorial con diferentes niveles de gobierno, contando con la participación de más de 20 entidades del gobierno nacional, entre ministerios, organismos técnicos, y los equipos técnicos de los gobiernos regionales de Madre de Dios, Cusco y Puno; en concordancia con la naturaleza de cada uno de los seis ejes de intervención que lo conforman.
Es pertinente indicar que el 31 de marzo de este año, mediante una Resolución Ministerial, se creó un grupo temporal para elaborar el Plan Integral Frente a la Minería Ilegal. Dicho equipo técnico, instalado el 7 de abril, es presidido por el Ministerio del Ambiente y está conformado por representantes de seis sectores del Ejecutivo, que ejercieron la coordinación en igual número de ejes de intervención para la elaboración del plan.
Así, el Ministerio del Interior coordinó el Eje de Seguridad y orden interno; el de Energía y Minas se encargó del Eje de Formalización minera; el de Desarrollo Agrario y Riego estuvo a cargo del Eje de Desarrollo productivo; el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables coordinó el Eje de Protección de derechos y atención de necesidades básicas de la población; y el de Desarrollo e Inclusión Social, se hizo cargo del Eje de Programas sociales de desarrollo e inclusión social.
En esa misma línea, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, hizo las coordinaciones en el Eje de Control de combustibles e insumos químicos; informó el Minam a INFOREGIÓN.
