Hoy, el Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizará una audiencia de informe oral por el caso de la comunidad de Santa Clara de Uchunya. Esta es la última etapa del procedimiento administrativo sancionador contra Ocho Sur P. Esta empresa de capitales transnacionales, dedicada al cultivo de palma aceitera, es célebre por ocupar una megaplantación sobre más de siete mil hectáreas de bosques amazónicos arrasados en la región Ucayali.
En noviembre de 2020, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) de OEFA –en primera instancia administrativa– sancionó a Ocho Sur P. con una multa de S/9 millones, una orden de paralización de sus actividades y otra de reforestación de las tierras que degradó. Para ello, la DFAI demostró que la empresa había realizado actividades agrícolas intensivas sin contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio de Agricultura y Riego. Además, constató que tampoco impidió el uso de sustancias tóxicas sobre suelos de aptitud forestal, a pesar de ser potencialmente contaminantes.
No hay que olvidar que esta megaplantación forma parte del territorio ancestral de la comunidad de Santa Clara de Uchunya. Dichas tierras les fueron arrebatadas por un grupo de traficantes que luego las vendieron a Plantaciones de Pucallpa, la cual no tardó de deforestarlas para cultivar palma aceitera. Ocho Sur P. es su actual propietaria. Este esquema de operaciones viene siendo investigado por el Ministerio Público como el de una presunta organización criminal.
No obstante, el marzo pasado, la DFAI cambió súbitamente de opinión por una solicitud de reconsideración de Ocho Sur P. En consecuencia, se levantaron varias de las sanciones, incluyendo la orden de paralización actividades. Frente a esto, Santa Clara de Uchunya y la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau) –como terceros con interés con legítimo en el caso– han apelado al Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA, con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal. Esta es la última instancia administrativa en materia ambiental.
Fuente: Instituto de Defensa Legal.
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