Ochenta y seis organizaciones indígenas e instituciones de Perú y el mundo exhortan al Estado peruano a implementar medidas concretas para proteger a los defensores de derechos humanos de pueblos indígenas.
Mediante una carta abierta, saludan los avances en la materia, pero alertan que aún existe una situación de desamparo, especialmente en comunidades locales de la Amazonía donde la violencia se ha incrementado.
Ante ello, piden al Estado priorizar las acciones que tienen pendientes de manera intersectorial y multinivel, considerando que el país atraviesa un contexto de transición hacia un nuevo gobierno.
Acciones pendientes
Según las organizaciones e instituciones, una de las acciones pendientes del Estado es lograr la adecuada implementación del Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras.
Esto implica elaborar el Protocolo de Actuación para la implementación de medidas de protección otorgadas en el marco del mecanismo, y asegurar el cumplimiento de los plazos que establece este instrumento.
También incluye especificar el rol del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midragi) para la prevención de las amenazas y generar mecanismos de reparación para deudos de líderes asesinados.
La segunda acción pendiente compete directamente al Midragi y es sobre el abordaje de las causas estructurales que contribuyen a las amenazas y violencia hacia los defensores indígenas.
Una de estas causas es la falta de saneamiento de la propiedad indígena, para lo cual piden trabajar en el cierre de brechas, generar una protección a los territorios indígenas, entre otros puntos.
Seguidamente, advierten que el Estado peruano aún debe desarrollar mecanismos institucionales, administrativos y judiciales para efectuar la restitución de territorios indígenas entregados a terceros de forma irregular.
Mientras que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debe desarrollar un plan urgente y multisectorial para abordar la siembra y producción ilícita de coca en territorios indígenas, indican.
Por otro lado, al Congreso, Poder Judicial y Ministerio Público les recuerdan que deben priorizar la reforma de sistemas judiciales existentes, incluyendo a las fiscalías ambientales de las regiones.
Además de acelerar, en el caso del Congreso, las evaluaciones pendientes de los proyectos de ley 6772 y 6625 que promueven la protección de defensores de derechos humanos.
“Ambos proyectos se encuentran en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por ello exhortamos puedan ser debatidas en favor de un dictamen aprobatorio para llegar al pleno del Congreso”, señalan.
Finalmente, piden a las autoridades nacionales y regionales respaldar y valorar públicamente las iniciativas comunales de defensa y protección territorial, como el monitoreo y vigilancia de las comunidades y rondas.
Indígenas en peligro
Para las organizaciones firmantes, estas acciones merecen ser priorizadas por el Estado debido al grave contexto en que viven y actúan los defensores de derechos de pueblos indígenas de Perú.
“La violencia y asesinatos contra líderes y lideresas indígenas han aumentado en la Amazonía peruana, donde existe todavía una situación dramática y de desamparo”, expresan en la carta.
Esta situación, añaden, se agrava especialmente en los pueblos indígenas y las comunidades locales que defienden el medio ambiente y los derechos humanos en entornos inseguros.
Aunque saludaron los avances que se han venido presentando para la protección de los defensores, señalan que estos “no representan aún la escala y la severidad de la problemática”.
Para ello, “lo que se requiere fundamentalmente, es abordar también los factores estructurales o problemáticas de fondo a la violencia contra las personas defensoras”, sentenciaron.
La carta abierta es firmada por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), entre otros.
Para ver la carta abierta haga click aquí
Fuente: Servindi
