Este miércoles 7 de abril se aprobó en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República el predictamen del Proyecto de Ley Contra el Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre que propone modificar la Ley de Crimen Organizado, Ley 30077, y categorizar como crimen organizado a los delitos relacionados al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre en el Perú. Se espera sea llevado a votación en el pleno del Congreso de la República.
La propuesta realizada a finales de agosto del año pasado por el congresista Alberto Belaunde de Cárdenas, modifica la Ley 30077 incorporando en su artículo 3, cuatro delitos relativos al tráfico de flora y fauna silvestre: artículos 308 (tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre), 308-A (tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre), 308-B (extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas) y 308-C (depredación de flora y fauna silvestre) del Código Penal, así como sus formas agravadas previstas en el artículo 309 del mismo cuerpo legal.
Con el fin de contribuir al debate público, en octubre del año pasado la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) emitió una opinión legal donde analizó el contexto del tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, recomendando dos propuestas adicionales. Una de ellas es la inclusión en el proyecto de ley de un artículo que disponga los Delitos de Actos Preparatorios de Pesca Ilegal (308-E) en el Código Penal, así como incluir en el proyecto de ley un artículo que reconozca la importancia de la implementación y actualización de la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre (ENRTIFS).
Una problemática transnacional
Entre cinco y veintitrés mil millones de dólares americanos mueve el crimen organizado transnacional vinculado al tráfico de vida silvestre al año, que se sostiene en una sofisticada cadena de valor y suministros ligado a grupos criminales.
El Perú no es ajeno a esta problemática, con uno de los índices de tráfico de la región más elevados nuestro país es uno de los que encabeza la lista. De acuerdo a datos de WCS, entre los años 2010 y 2018, más de 50 mil animales vivos fueron decomisados del tráfico de animales.
De aprobarse esta nueva categorización se podrían ampliar las estrategias y técnicas de investigación de los jueces y fiscales. “(De aprobarse) Se podrían utilizar recursos y herramientas como la cooperación judicial internacional o el levantamiento del secreto bancario. En el ámbito procesal, aportaría elementos disuasorios como evitar el beneficio del procedimiento de terminación anticipada, es decir, la imposibilidad de que un acusado por este tipo de ilícitos pueda culminar su proceso anticipadamente, aceptando su responsabilidad y reduciendo su pena”, detalla un análisis realizado desde la SPDA.
Asimismo, esta iniciativa de ley, los funcionarios vinculados tanto activa como pasivamente en el desarrollo de un delito de tráfico de fauna silvestre podrá ser condenado con el agravante especial que la Ley de Crimen Organizado contempla. Finalmente, la modificación generaría que este tipo de investigación sean realizadas por las Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado las que, en articulación con las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA).
Para revisar la opinión legal del SPDA sobre el proyecto de ley 6051/2020-CR haga click aquí
Fuente: Actualidad Ambiental
Agencia de Prensa Ambiental