LIMA. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó el predictamen del proyecto de ley 1513 que busca fortalecer el régimen jurídico sobre pasivos ambientales en el sector hidrocarburos.
Esta iniciativa plantea reforzar el cumplimiento de las sanciones contra las empresas y funcionarios responsables de los derrames de petróleo en la Amazonía, y garantizar la reparación y participación de las comunidades afectadas.
Tras la aprobación del proyecto de ley, se espera agendar un Pleno Ambiental para el próximo 22 de marzo (Día Internacional del Agua) y someter a debate y votación el predictamen.
Reconocimiento de pasivos ambientales
Según el portal Wayka, el predictamen del proyecto de ley 1513 que fue aprobado el 9 de marzo recoge aportes técnicos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la plataforma Puinamudt y otras instituciones.
Así, propone modificar la Ley 29134 para que los derrames de petróleo esparcidos sobre suelos, fuentes de agua y otros bienes también se consideren pasivos ambientales del sector hidrocarburos.
La Amazonía peruana se ha visto afectada por 474 derrames de petróleo derivados del Oleoducto Norperuano, según datos del OEFA y Osinergmin, autoridades ambientales del Perú.
Estos derrames dejaron solo en el Lote 192 más de 2 mil sitios contaminados. De ellos, 32 fueron priorizados para su remediación, lo que costaría no menos de S/ 600 millones.
Fortalecer sanciones
El predictamen también plantea fortalecer las sanciones contra las empresas y funcionarios responsables de los delitos y faltas ambientales.
Así, el Minem sugiere que el OEFA se encargue de fiscalizar y controlar el cumplimiento de las obligaciones; y se informe a su Procuraduría Pública para tomar acciones civiles y penales contra los infractores.
Mientras que el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible plantea que también se multe a los representantes de las empresas responsables.
Esto, debido a que, si se trata de compañías estatales como PetroPerú, las multas no las termine asumiendo el tesoro público, sino los funcionarios que incumplieron las normas.
En este sentido, también se propone que las empresas sancionadas por infracciones y delitos ambientales estén impedidas de participar en procesos de contrataciones con el Estado.
Fuente: Servindi
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