Este 4 de marzo del 2021, el Acuerdo de Escazú cumple 3 años desde su adopción en Costa Rica en marzo del 2018. De 33 Estados de América Latina y del Caribe llamados a firmarlo y a ratificarlo, solamente 12 lo han hecho (véase tabla oficial sobre firmas y ratificaciones registradas).
Las largas negociaciones de este instrumento (que duraron 5 años, 7 meses y 7 días) fueron lideradas por Chile y Costa Rica: dos Estados que, vergonzosamente, no han aún materializado su compromiso inicial, al no haberlo ratificado. Una reciente y valiosa entrevista en Chile a una de las negociadoras chilenas explica los alcances de este innovador tratado regional para la consolidación de una democracia ambiental en América Latina.
Objeto de una verdadera campaña de desinformación en varias partes de América Latina, mitos y leyendas elaborados por parte de varios sectores políticos y económicos han dado lugar a valiosos esfuerzos con miras a desmistificar en Costa Rica el Acuerdo de Escazú, así como en Chile, Colombia y en Perú .
A marzo del 2021, entre los Estados que han firmado pero no han ratificado el Acuerdo de Escazú, figuran en América Latina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Perú, Paraguay y República Dominicana. Entre los Estados en los que el Poder Ejecutivo ni siquiera ha procedido a firmarlo (impidiendo de esta manera que se inicie el proceso de ratificación por parte del Poder Legislativo) figuran los de Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.
Al tratarse de la región del mundo en la que más se asesinan e intimidan a defensores del ambiente, ya es hora que en América Latina los Estados acepten todos consolidar los mismos derechos de quiénes, desde sus pequeñas comunidades organizadas, defienden el ambiente. A notar que el artículo 9 del Acuerdo de Escazú es muy esperanzador, al ser la primera vez en la historia que una disposición en un tratado internacional preve una protección especial para estas personas, dada su extrema vulnerabilidad frente a megaproyectos, multinacionales y al entramado de intereses poderosos al que participan a menudo entidades estatales.
No podemos seguir con el clima de total impunidad que prevalece cada vez que se intimida, se silencia o se opta por eliminar físicamente a líderes comunitarios, rurales, campesinos, ecologistas o indígenas que defienden pacíficamente a su comunidad, muchas veces con la Constitución y las leyes ambientales en sus manos.
Argentina y México recientemente depositaron su instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú, uniéndose así a los 10 Estados que lo habían hecho antes: un decidido respaldo de estos dos Estados que requiere ahora ser extendido en procura de construir una verdadera democracia ambiental participativa en toda América Latina.
Agencia de Prensa Ambiental