La Defensoría del Pueblo reitera a los ministerios de Salud y Economía y Finanzas que se debe garantizar una asignación presupuestal suficiente para el reforzamiento de la capacidad de atención de los establecimientos de salud previstas en el Plan Amazónico. Así como para implementar una estrategia sanitaria destinada a la atención de las comunidades indígenas de la zona andina. Del mismo modo, ha solicitado al Ministerio de Cultura, como ente rector de los derechos de pueblos indígenas, contribuir a fortalecer la atención y los servicios de salud a favor de esta población.
En efecto, el 2020 ha sido un año muy complicado para los pueblos indígenas, advirtiéndose la tardía implementación de medidas específicas y con pertinencia cultural, la insuficiente capacidad de respuesta de los establecimientos que atienden a las comunidades y la falta de personal o de medicamentos esenciales. Asimismo, la falta de información estadística por variable étnica, en los meses más álgidos de la pandemia que no permitieron una atención oportuna y afectaron sus derechos fundamentales.
“Como institución emitimos más de 2000 recomendaciones durante el 2020, a través de informes, reportes y oficios, a los tres niveles de gobierno, para solicitar el acceso a los servicios de salud y otros derechos de los pueblos indígenas, además que se les asigne un presupuesto específico destinado a fortalecer los establecimientos de salud, se respete su derecho a recibir información en su lengua originaria y a la participación de las organizaciones indígenas en las estrategias la prevención, atención y en acciones de respuesta humanitaria. Asimismo, advertimos serias dificultades y necesidades sobre todo en los meses más álgidos de la emergencia sanitaria debido precario sistema de salud en zonas indígenas y a la falta de medidas iniciales de atención por parte del Estado”, señaló Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas.
En esa línea, se destacó que, con las recomendaciones realizadas y los pedidos efectuados por las propias organizaciones indígenas, se contribuyó en la emisión de 15 disposiciones normativas y/o administrativas por parte del Estado vinculadas a la atención de salud de esta población frente a la pandemia, sin embargo se requiere una permanente difusión y capacitación para su correcta implementación. Asimismo, es importante que la plataforma “Sala de Población Indígena con COVID-19”, que muestra datos sobre las personas indígenas contagiadas, amplíe información desagregada por género, grupo etario, y se garantice su permanente actualización y publicación de manera amigable incluyendo información de la población andina.
La Defensoría del Pueblo recuerda que la pandemia por el COVID-19, obliga al Estado, en sus tres niveles de gobierno, maximizar sus esfuerzos y exigencias para garantizar una adecuada prestación de los servicios públicos esenciales en territorio de las comunidades indígenas y por ende proteger sus derechos fundamentales, principalmente su derecho a la salud, máxime si aún continua vigente el estado de emergencia sanitaria y el incremento de casos de contagio.
En ese contexto y “para que no se repitan las deficiencias, antes advertidas, frente a la segunda ola de contagios de COVID-19, se enviaron recomendaciones a 24 gobiernos regionales solicitándoles reforzar los servicios de salud en las comunidades indígenas de su ámbito territorial, asignando presupuesto específico, garantizando contratación de personal de salud y asistencial, así como la dotación de medicamentos e insumos como el oxígeno medicinal para una oportuna atención”, remarcó Aedo.
Del mismo modo, en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 se les solicitó planificar una campaña de inmunización con pertinencia cultural y una amplia difusión sobre la vacuna y el consentimiento informado para su aplicación, ello en las lenguas indígenas u originarias predominantes, en coordinación cercana con sus respectivas autoridades comunales y agentes comunitarios de salud.
La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de continuar trabajando en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y exige el cumplimiento de las recomendaciones emitidas a las entidades del Estado.
Fuente: Defensoría del Pueblo
