LIMA. Más de 50 organizaciones piden suspender el proceso que se ha iniciado para elegir un nuevo director ejecutivo del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Aseguran que dicho proceso está “condenado al fracaso” porque aún no se han esclarecido los vacíos normativos que permitieron el despido arbitrario del exdirector del Serfor, Alberto Gonzáles Zúñiga, en junio de 2020.
Dicho despido generó un proceso judicial que a la fecha sigue abierto, ya que Gonzáles Zúñiga continúa exigiendo por esa vía que se anule la resolución con la que lo destituyeron y lo repongan en el cargo. Lo más preocupante es que el proceso para elegir un nuevo jefe del Serfor contaría con el aval del actual ministro del sector, Federico Tenorio, y de la viceministra María Remy Simatovic.
Carta abierta
Mediante una carta abierta, las 59 organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas manifestaron su rechazo al proceso actual de selección del nuevo jefe del Serfor. Este proceso “se desarrolla sin antes haber resuelto las irregularidades y vacíos normativos identificados en la remoción del anterior director ejecutivo”, indican en la carta.
El anterior director ejecutivo aludido es Alberto Gonzáles Zúñiga, quien en junio de 2020 —a 16 meses de haber asumido el cargo— fue destituido de su puesto de forma arbitraria. El entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, y su ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, firmaron una resolución dando por concluida la designación de Gonzáles Zúñiga por “pérdida de confianza”.
Reacciones al despido
El despido de Gonzáles Zúñiga generó diversas reacciones, sobre todo porque, tres meses antes, una alta funcionaria del Ministerio de Agricultura ya le había solicitado su renuncia por orden de la “Alta Dirección”. A Gonzáles Zúñiga, que llegó a ser jefe del Serfor tras ganar el primer concurso público de méritos que organizó la institución, le correspondía permanecer en el cargo por cinco años.
Al enterarse de su despido y en diálogo con Servindi, Gonzáles Zúñiga aseguró que detrás de su salida había intereses económicos de actividades ilícitas como la tala ilegal. Añadió que nadie le informó sobre su retiro y que nunca le notificaron que venía desarrollando una mala gestión, como luego argumentaría el entonces ministro Montenegro al defender su decisión.
Para leer la nota completa de Servindi haga click aquí.
