CARAL. Las amenazas y el hostigamiento contra los arqueólogos que buscan recuperar la información histórica de los orígenes de la civilización Caral se hicieron realidad hace dos semanas, cuando el arqueólogo Alan Ríos, Jefe de Campo, fue atacado por uno de los invasores. “Estábamos por realizar el trabajo de intervención arqueológica en Chupacigarro. Estaba caminando hacia el lugar donde íbamos a iniciar los trabajos arqueológicos cuando fui atacado por la espalda”, contó Ríos mientras salía del médico legista.
Como es de conocimiento público, desde hace unos meses los servidores de la Zona Arqueológica Caral (ZAC), han recibido amenazas, agresiones verbales y físicas, por parte de un grupo de personas que buscan perpetuar su posesión ilegal en terrenos a nombre del Ministerio de Cultura (Mincul) y declarados Patrimonio Mundial y que, además, guardan importantes evidencias para el entendimiento del desarrollo de la Civilización Caral, en el valle de Supe, provincia de Barranca, región Lima.
Por ello, INFOREGIÓN entrevistó a Gianfranco Chinchay y André Valencia, arqueólogos del ZAC, para que nos relaten y expliquen el proceso de invasión que dificultan la realización de su trabajo. «Lo que trata de ver la ZAC es manejar que no haya movimiento de tierra sin que se afecte los restos arqueológicos, ya que la mayoría de personas ve un espacio llano y podría decir: ¿Ahí no hay nada, no?», afirma Chinchay,
Los especialistas afirman que, a partir de las fotografías aéreas, se demuestra la existencia de muros y estructuras en la zona que está invadida actualmente. Lo que se debería hacer es un proyecto de evaluación para ver cuáles son las áreas que tienen posibles restos arqueológicos y cuáles no. «Lamentablemente, hay un conflicto con los posesionarios de estas tierras ya que no tienen un título de propiedad. Toda esta zona ya está delimitada y forma parte de la propiedad del Estado», dijo Valencia.
Los arqueólogos, que forman parte del equipo liderado por la doctora Ruth Shady, confirmaron que no pueden acceder a esta área ya que ellos consideran que están en sus parcelas. «El título de posesión es de 1986. En ese momento se los entregó el Instituto Nacional de Cultura (INC). Ellos dicen que cuentan con un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), pero este documento que se elaboró no lo hicieron de una manera adecuada. En las fotografías aéreas se ve claramente una serie de estructuras que ahora es terreno agrícola. Es contraproducente porque efectivamente forma parte del área arqueológica pero fue ocupada ilegalmente», explicó Chinchay a INFOREGIÓN.
Ellos afirman que el señor Rosario Solís funda la irrigación El Rosario. Y luego, esta subdivisión la hace para heredarla a todos sus hijos, quienes ocupan actualmente el área. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura realizó una campaña de titulación en las áreas del Valle de Supe en los años 90. Como parte de ese proceso, no consideraron las parcelas agrícolas mencionadas para entregarles el título de propiedad, ya que sí reconocía que se afectaba patrimonio arqueológico.
Caral se encuentra reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Directoral Nacional del Instituto Nacional de Cultura N° 720/INC publicada el 20 de setiembre del 2002 y ratificada mediante la Resolución Viceministerial N° 256-2011-VMPCIC-MC del 03 de marzo del 2011. A pesar de los títulos, el conflicto se genera porque las personas siguen realizando movimiento de tierras ya que para ellos, este es su terreno agrícola.
«Tranquilamente se puede expropiar y ya, pero la idea del ZAC es sostener ejes de desarrollo, incentivar puestos de trabajo, orientadores turísticos, guías, etc. Nuestro objetivo es concientizar a las poblaciones del Valle de Supe sobre su patrimonio arqueológico inmediato, lo que tienen a su alrededor. Es un proceso complejo, pero se tiene que hacer ante el peligro de perder esta evidencia histórica para el Perú y el mundo», explicó Chinchay a INFOREGIÓN.
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Agencia de Prensa Ambiental