En julio de este año, las fiscalías Penal de Coronel Portillo y de Crimen Organizado de Lima cumplirán tres años investigando y documentando las evidencias contra una presunta agrupación delictiva encargada de traficar tierras en Cocha Anía, una zona ubicada en el distrito de Nueva Requena, en la región amazónica de Ucayali. El caso involucra a cinco exfuncionarios del gobierno regional, entre ellos a los directores del despacho agrario y al responsable de saneamiento y titulación de tierras entre los años 2016 y 2018: Isaac Huamán Pérez y Christopher Hernández Larrañaga.
El caso Cocha Anía es importante porque, por primera vez, una investigación por crimen organizado involucra y logra la prisión preventiva contra un funcionario de este rango en un gobierno regional. También representó el primer allanamiento y decomiso de documentos a una dirección regional de Agricultura por parte de la tercera fiscalía penal de Coronel Portillo, en una de las regiones amazónicas con alto riesgo de corrupción en Perú, pero no es el único.
Un equipo periodístico de OjoPúblico analizó siete expedientes fiscales contra funcionarios públicos e identificó a 42 personajes investigados que, según los fiscales, permitieron -desde el cargo que ocupaban- la deforestación, el tráfico de tierras o la vulneración de territorios indígenas.
De los casos revisados, tres involucran a la región Loreto, tres a Ucayali y otro a Madre de Dios. En estos documentos, el 83,4% de los funcionarios estaban vinculados al tráfico ilegal de madera, el 11,9% al tráfico de tierras; y el 4,7% al otorgamiento irregular de permisos forestales y la deforestación.
El 88% de los involucrados pertenece a cuatro tipo de funcionarios públicos: especialistas (26,1%), miembros PNP (26,1%), personal encargado de área (23,8%) y directores (11,9%). La lista la completan jefes y gerentes forestales.
Para ver la investigación completa de OjoPúblico haga click aquí
Agencia de Prensa Ambiental