MÉXICO. En una ceremonia virtual realizada por el Gobierno de México, se celebró la conclusión del proceso para lograr la próxima entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que garantiza el ejercicio de los derechos de acceso a información, participación ciudadana y justicia ambiental, así como el fortalecimiento de la protección de los defensores ambientales en Latinoamérica y El Caribe.
Como se recuerda, en noviembre pasado, el Senado de México aprobó por unanimidad (ni un voto en contra o abstención) la ratificación del acuerdo, y se convirtió en el país número 11 para que el tratado internacional, firmado en el 2018, por fin pueda entrar en vigor.
En la ceremonia realizada el pasado 22 de enero, la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Martha Delgado, calificó este instrumento como “un logro histórico y sin precedentes para promover los derechos humanos y el desarrollo sostenible en América Latina”. Asimismo, enfatizó que la cancillería mexicana está orgullosa porque “nuestro país compartió con la región sus buenas prácticas jurídicas para dar soporte al capitulado legal al acuerdo”.
Aunque el acuerdo fue adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018, y tiene 24 países firmantes, debía tener como mínimo la ratificación de 11 países para entrar en vigor, y ello se concretó con el depósito conjunto de los instrumentos de ratificación ante Naciones Unidas de los Gobiernos de México y de Argentina.
Según informó la Cancillería mexicana, la entrada en vigor será 90 días después de la ceremonia realizada el último viernes. Es decir, el Acuerdo de Escazú tendrá como escenario el Día Internacional de la Tierra, 22 de abril, como fecha de partida.
El caso peruano
El pasado 20 de octubre, el Congreso de la República decidió no ratificar el Acuerdo de Escazú. Como se recuerda, la Comisión de Relaciones Exteriores decidió no pasar al Pleno dicho tratado para su debate y posterior votación, pese a que tuvo el visto bueno del Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil y organizaciones indígenas.
Fátima Contreras, abogada del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, explicó que si bien el Legislativo decidió no ratificar este tratado, aún puede hacerlo en la próxima legislatura. Para ello la nueva comisión de Relaciones Exteriores deberá desarchivar el expediente del acuerdo e iniciar debate nuevamente.
“Perú formó parte de las negociaciones, su participación fue clave y es natural que forme parte de los países que ratificaron Escazú. Esperamos que la próxima legislatura pueda evaluar nuevamente este tratado y que no se deje llevar por campañas de desinformación que no reflejan los beneficios y las oportunidades que nos brindaría formar parte del grupo de países comprometidos con la implementación del acuerdo”, enfatizó la especialista.
Fuente: Actualidad Ambiental
Agencia de Prensa Ambiental