PIURA. Ello, a pesar de tener pleno conocimiento que la población de dicho distrito, en forma abrumadoramente mayoritaria, en la Consulta Vecinal del 2 de junio de 2002, se había expresado rechazando el desarrollo de proyectos mineros en sus territorios y se había reafirmado en el desarrollo de su pueblo sobre la base de un modelo económico y social fundado en la agricultura.
En efecto, mediante los decretos supremos ahora derogados el gobierno, además de desconocer la legítima decisión de la población tambograndina que le dijo “no” al desarrollo de proyectos mineros en sus territorios y, en evidente desconocimiento de la prohibición expresa señalada en el artículo 71o de nuestra Constitución Política, otorgó 20 derechos mineros a la empresa Arco Iris sobre el territorio del distrito de Tambogrande que abarcaban unas 16,300 hectáreas.
Por ello que desde un primer momento, la población del distrito de Tambogrande expresó, de manera pública, su desacuerdo y rechazo a la emisión de dichos decretos supremos, y, a través de reuniones de su Alcalde Distrital, Alfredo Rengifo, con las autoridades del gobierno central, hizo conocer que esta decisión gubernamental generaba una innecesaria situación de conflictividad social en el distrito, porque de manera arbitraria se estaba desconociendo la voluntad popular expresada en la Consulta vecinal antes señalada.
El gobierno, entendiendo la necesidad de reevaluar la declaratoria de necesidad pública (contenida en los decretos supremos cuestionados) en atención a la real situación socioeconómica del valle y teniendo presente el principio del “bien común” y la idea del “desarrollo sostenible” en el otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de recursos naturales, decidió derogar los aquí citados decretos supremos, tal como lo señala en el Decreto Supremo No. 001-2021-EM.
Al respecto, el Observatorio de Conflictos Mineros expresa su satisfacción por esta necesaria y oportuna rectificación gubernamental que entendemos significa el respeto a la decisión del pueblo de Tambogrande a continuar con su desarrollo socioeconómico fundado en la agricultura.
Fuente: Conflictos mineros
Agencia de Prensa Ambiental