CUSCO. El pasado 27 de enero del 2020, después de más de nueve años de audiencias, el Poder Judicial declaró inocente a diez dirigentes de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, quienes fueron denunciados por la minera Anabi S.A.C. en el 2011. Sin embargo, la Fiscalía y los abogados de la empresa en mención, presentaron un recurso de apelación, la misma, que, debido a la pandemia, recién se sustentó el 12 de enero del 2021.
La audiencia de apelación a la sentencia absolutoria se realizó desde las 9:30 a.m. (de ayer) en modalidad virtual en la Sala Mixta Descentralizada de Canchis, Sicuani, y se volvieron a sustentar los hechos ocurridos entre noviembre del 2011 y febrero del 2012, período en que organizaciones sociales de base de Llusco, Chumbivilcas y Cusco protestaron y exigieron un diálogo con el Estado por la contaminación en la cuenca del río Yahuarmayo, y por las afectaciones causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje generada por la empresa minera Anabi S.A.C.
En ese entonces, el Ministerio Público sustentó la acusación contra los ex dirigentes de Chumbivilcas, incriminando delitos de secuestro, robo agravado, disturbios, daños a la propiedad, entre otros.
La Fiscalía de Chumbivilcas denunció a los ex dirigentes, solicitando la pena privativa de libertad de hasta 30 años y una reparación civil a favor de la minera por más de dos millones y medio de dólares. La defensa legal de los acusados, conformada por abogados de Derechos Humanos sin Fronteras y EarthRights International, reafirmaron que no existen elementos probatorios que incriminen o individualicen directamente a los dirigentes con los delitos que se les imputa. Igualmente, las acusaciones están basadas únicamente en testimonios de ex trabajadores de la empresa minera; por tanto, se debería ratificar su absolución.
Después de casi dos horas de sustentación, la audiencia de alegatos finales se reprogramó para el 19 de enero, ante la probabilidad de que se anule la sentencia absolutoria, el juicio contra los dirigentes volvería a foja cero.
Fuente: Conflictos mineros
Agencia de Prensa Ambiental