AMAZONÍA. A nivel de Latinoamérica, el Perú tiene el mayor número (585) de comunidades indígenas y campesinas que han visto amenazados y afectados sus derechos colectivos por la presencia de proyectos extractivos y de infraestructura en sus territorios, revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados. De las 585 comunidades, 424 son amenazadas por el proyecto Hidrovía Amazónica que aún no inicia su construcción y el resto son afectadas por proyectos de infraestructura (1) y otras actividades extractivas en ejecución, planificadas o paralizadas, ya sean de minería (94), gas o petróleo (62), agroindustria (3) y madera (1).
De acuerdo al análisis realizado sobre estos proyectos, los derechos de las comunidades violados comúnmente son el derecho al dominio colectivo sobre el territorio y el derecho a un medio ambiente sano, vulneraciones que son identificadas en 9 de los 19 proyectos identificados en Perú. Otros derechos vulnerados son los derechos al consentimiento libre, previo e informado (8); a la defensa de la tierra ancestral (6); y a la vida (6); así como los derechos a la libertad de expresión (5); al acceso al agua (4); a la libertad de reunión y asociación (4); y a la integridad física y moral (2).
Los proyectos que forman parte de este estudio, realizado entre 2017 y 2019, generan un impacto multidimensional en comunidades que están ubicadas mayormente en los departamentos de Loreto, Ucayali y Amazonas, según la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, una herramienta de libre acceso elaborada gracias al trabajo colaborativo entre Rights and Resources Initiative & AmazonConservation Team.
Perú: Hallazgos reveladores
A través de un mapa interactivo de Perú, la plataforma permite explorar los 19 proyectos analizados en este país. De este grupo, tres se presentan con mayor detalle por ser casos emblemáticos en la vulneración de derechos en comunidades indígenas y campesinas. De esta manera, destacan por su afectación el proyecto minero Las Bambas, el Oleoducto Norperuano de Loreto y la Hidrovía Amazónica, un proyecto promovido por el gobierno que busca permitir la navegación de embarcaciones de mayor calado para facilitar el transporte de mercancías.
La preocupación mayor en este último proyecto, que aún no inicia construcción, es por el dragado de los ríos, donde se removería arsénico y níquel, así como también algunos residuos en zonas que fueron pasivos de petróleo, pese a que no hay estudios suficientes que permitan saber cómo el dragado afectará la dinámica de los ríos, los peces y otros ecosistemas relacionados.
Además de los casos puntuales, la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados detalla que, en cinco de los 19 casos, los defensores fueron criminalizados y que, entre los ataques más frecuentes que estos sufrieron, se encuentran el acoso judicial y la agresión física, cada uno de los cuales se produjo en el 21,1% de los casos documentados.
Asimismo, revela que los impactos ambientales más frecuentes en las comunidades son la contaminación del agua y aire, presentes en el 84.2% y 57.9% de los casos; mientras que, en el caso de los impactos sociales, los más frecuentes fueron la alteración de la disponibilidad de agua (52% de los casos) y la alteración de los medios de vida tradicionales (47% de los casos).
La plataforma también presenta información sobre proyectos vinculados a conflictos con comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes de Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México, ofreciendo así una cartografía regional sobre proyectos que corresponden al sector minería, hidrocarburos, madera, agroindustria e infraestructura.
Fuente: Servindi
