Tras la recomendación realizada por la Defensoría del Pueblo, una comitiva integrada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) y el Ministerio de Energía y Minas, acudió a la localidad de Nueva Alianza con el propósito de sentar las bases de confianza para el establecimiento de un diálogo intercultural oportuno con las comunidades de la cuenca del río Urituyacu. Asimismo, se logró levantar el bloqueo del tránsito fluvial en el río Marañón, el cual se inició el 26 de octubre.
Con la presencia del Ministerio Público y la supervisión de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto, que buscaba el cumplimiento de acuerdos suscritos con PCM en el 2016 y un conjunto de proyectos inconclusos en sus localidades, se concretó la reunión entre las entidades estatales y las comunidades de la zona. La plataforma de demandas de las comunidades, compartidas el viernes 30 de octubre, está conformada por 10 puntos, donde se reclama la solución de necesidades insatisfechas en salud, educación, comunicación, proyectos productivos y manejo de bosques.
Como resultado de la reunión celebrada el 1 de noviembre en la quebrada Arista de Nueva Alianza, distrito de Urarinas, en la región Loreto, las comunidades acordaron levantar la medida de fuerza, liberando así el tránsito fluvial en el río Marañón. Este acuerdo se plasmó en un acta, donde además se da cuenta que las comunidades de la zona han aceptado participar de la reunión del Plan de Cierre de Brechas, a realizarse los días 14 y 15 de noviembre, en Nauta. Como antesala a dicha reunión, el 10 de noviembre ingresará nuevamente la comitiva a la zona para informar sobre la atención a las demandas formuladas.
En los días previos, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto exhortó a los apus de las comunidades a deponer la medida de fuerza y realizar los esfuerzos necesarios para sostener mecanismos que permitan encontrar soluciones pacíficas ante el conflicto.
“Por acuerdo con los apus se gestionará la presencia de la Iglesia Católica, en calidad de observadores del proceso de diálogo, y continuará supervisando el espacio a fin de propiciar un escenario de paz social para el consenso de alternativas de solución”, dijo la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto, Lisbeth Castro.
Fuente: Defensoría del Pueblo
Agencia de Prensa Ambiental