El pasado jueves 13, se llevó a cabo el “IV Webinar Internacional: Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas y Poblaciones Vulnerables en Tiempos de Covid-19”, en el marco del Día internacional de los Pueblos Indígenas, coorganizado por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial y el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), con el objetivo de promover un intercambio de reflexiones entre autoridades de pueblos indígenas, magistrados/as y académicos/as sobre cómo encarar el acceso a la justicia en el contexto de pandemia.
El evento congregó cerca de 1000 participantes de varios lugares del Perú, así como de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Guatemala, Costa rica, entre otros. Fue inaugurado por el Magistrado Carlos Calderón, vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, y la Jueza especializada Sara Gaspar Pacheco, por encargo de la magistrada Janeth Tello, presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Perú, quien señaló la importancia de pensar, conjuntamente, en alternativas para responder a las demandas de acceso a la justicia en el contexto de la pandemia, informó el IIDS a INFOREGIÓN.
En el Panel de Pueblos indígenas, primero se presentó el caso de la Comunidad de Poyentimari, Pueblo originario Mashiguenga. Eva Cárdenas explicó: “Mi Comunidad determinó en asamblea que yo estuve casada por 40 años, y soy la viuda de Raúl Metaki, quien era profesor de una escuela bilingüe a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios (Goremad), pero Goremad no aceptó la decisión de mi Comunidad, y no me paga mi pensión de viudez. Por eso tuvimos que hacer un juicio.
El Apu de la Comunidad, Jose Kaibi, explicó: “Tenemos nuestro propio derecho consuetudinario y nuestra forma de tomar decisiones, que debe ser respetado para proteger los derechos de la familia, de la mujer y del niño.” El apu dio cuenta que su Comunidad ha ganado un amparo ante el Poder Judicial, que reconoce que la decisión de la Comunidad es como una sentencia, por lo que Goremad la debe acatar y pagar la pensión de viudez a Eva Cárdenas. Lamentablemente, por la pandemia, aún no se puede ejecutar esta ejemplar sentencia.
Continuó Clara Cagna, segunda vocal de la Comunidad Nativa Tres Islas, que expuso que, con el motivo de la pandemia, “No se cumple nuestra sentencia de nulidad de concesiones del 2019, donde se ordena que expulsen a los mineros. En el km. 24, los mineros siguen depredando nuestro territorio a pesar de la pandemia.” Además, quieren construir una carretera sin consulta previa, para favorecer a los mineros. Ello va en contra de la sentencia del 2012 del Tribunal Constitucional, que reconoce nuestros derechos a la propiedad y autonomía comunal. Sin el cumplimiento de estas sentencias no hay un verdadero acceso a la justicia”. Además, durante la pandemia, el Estado tampoco ha cumplido la Medida Cautelar otorgada por la CIDH a la Comunidad.
De su parte, el apu Nelton Yankur, Presidente del Pueblo Achuar del Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), resaltó: «El pueblo Achuar ha presentado en el 2014 una demanda de amparo para que el Estado garantice los derechos que nos corresponden a la personalidad jurídica como pueblo, la propiedad de nuestro territorio integral, y la nulidad del lotes petroleros establecidos sin consulta previa, pero hasta ahora no tenemos ningún resultado efectivo. Nuestro caso llegó al Tribunal Constitucional en marzo del 2019, y con la pandemia todo está paralizado. Eso es muy preocupante para nosotros”.
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