Nuevamente Espinar se pone en la agenda pública. En medio de la emergencia sanitaria, desde hace más de una semana se vienen realizando protestas para exigir la entrega de un bono universal de S/ 1000 para todos los electores espinarenses que sería cubierto con recursos del Fondo Social creado con el Convenio Marco. El monto a financiar con este fondo ascendería a S/ 50 millones. Este Convenio fue celebrado el 2003 entre la empresa titular de la mina Tintaya, en aquel entonces BHP Billiton, la Municipalidad Provincial y las organizaciones sociales. Uno de los acuerdos del Convenio Marco fue un aporte anual de 3% de las utilidades de la empresa minera para la constitución del Fondo Social.
A partir del contexto descrito, la pregunta a responder es si la exigencia del bono de S/ 1000 es legítima y conveniente para la población de Espinar. Para ello es importante considerar:
- Hace unos días, el Comité de Gestión del Convenio Marco, el mismo que se encuentra constituido por las tres partes que suscriben el convenio, acordó, por mayoría, con el voto discordante de la empresa, otorgar el bono universal. La empresa ha venido sosteniendo que los acuerdos se adoptan por consenso y que destinar recursos del fondo a la entrega del bono sería ilegal pues iría en contra de su finalidad.
- Cabe preguntarse, si es válido el argumento de la ilegalidad. La finalidad del fondo social es la realización de proyectos de inversión destinados a promover el desarrollo; así como programas sociales. Lo cierto es que las partes que celebraron el Convenio pueden modificar esa finalidad con una adenda. Por lo tanto, esa no sería una razón suficiente para que la empresa rechace la entrega del bono.
- Otra razón esgrimida por la empresa es que el fondo debe servir para financiar proyectos de relevancia que promuevan el desarrollo de la provincia. Esto tiene sentido, pues son aportes que se darán por un tiempo determinado y deberían financiar obras y acciones de impacto que los tres niveles de gobierno no realizan. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que de los 380 millones aportados hasta la fecha al Fondo Social por las empresas que han sido titulares de la mina, se han gastado 196 millones y al parecer, las inversiones realizadas no han tenido el impacto esperado. Además, la gran mayoría no sabe en qué se gastó. Algunas personas consideran que los proyectos han tenido sobrecostos, han sido mal ejecutados o se han usados para propagandizar la presencia de la empresa minera o favorecer a personas cercanas a ella. La percepción de poca influencia de la población en el uso del fondo, se refuerza con el hecho de que Fundación Tintaya, entidad vinculada a la empresa minera, es quien lo administra. Transcurridos 17 años sin que la mayoría de la población perciba que el fondo la beneficia, se puede entender por qué el uso de esos fondos para entregar el bono solidario de 1000 soles se considera positivo y tiene el respaldo de la gran mayoría de la población de Espinar. Además, el pedido cobra fuerza en una situación económica muy difícil para la población de Espinar producida por la expansión de la pandemia del Covid 19, y que agudiza sus niveles de pobreza.
- Evidentemente, más allá de si se usan los recursos del Fondo Social para cubrir la entrega del bono, su gestión requiere ser replanteada en diversos aspectos: cómo se toman las decisiones (mayoría o consenso), con qué criterio se define los proyectos a financiar, ante quién se realiza la rendición de cuentas, cuáles son los mecanismos usados, quién debe administrar el fondo y cómo.
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