Para los pueblos indígenas y comunidades locales de la Amazonía, región que se ha vuelto cada vez más accesible debido al aumento reciente de la deforestación y extracción de recursos naturales, la pandemia del COVID-19 afectó de manera distinta a las áreas urbanas del país. La Organización de Estados Americanos alertó que los pueblos indígenas enfrentan una situación de doble vulnerabilidad debido a su aislamiento geográfico y marginalización histórica, por lo que instó a las autoridades a proteger el bienestar y la salud de sus poblaciones indígenas.
Pero esto no está sucediendo, ni sucedía antes del brote de COVID-19. Empezando por el hecho de que los países cuentan con sistemas de salud frágiles, los gobiernos en la región amazónica han descuidado en gran medida sus obligaciones de proporcionar seguridad y procurar el cumplimiento de las leyes para proteger los territorios indígenas. Además, carecen de políticas públicas para preservar la cultura y los hábitos sociales de los pueblos indígenas.
Históricamente, las enfermedades respiratorias e infecciosas como la gripe han representado una gran amenaza para los pueblos indígenas, dada su baja inmunidad a las mismas. Por ende, los pueblos indígenas han tomado medidas por su cuenta, adoptando el auto-aislamiento como protección frente al COVID-19, ya que si visitantes del exterior o de otras comunidades portan el virus, la transmisión y propagación en pueblos indígenas puede ocurrir rápidamente.
Falta de medidas adecuadas por parte del Gobierno
Los planes de contingencia de los gobiernos latinoamericanos no han considerado y/o no están equipados para responder a las vulnerabilidades de los pueblos indígenas. Las medidas tomadas en relación a la pandemia, como la cuarentena y las restricciones de movilidad, aumentan las dificultades existentes de la dispersión geográfica. Además, afectan a la economía y medios de vida indígenas, limitando el acceso a bienes y servicios ya difíciles de alcanzar.
Las instituciones públicas no están preparadas ni financiera ni estructuralmente para enfrentar los retos de esta emergencia de salud sanitaria y seguridad alimentaria. Por lo tanto, el resultado podría ser catastrófico para muchas comunidades. Al mismo tiempo, las políticas y acciones ambientales han quedado en segundo plano, causando riesgos adicionales para los pueblos indígenas y el bosque tropical.
En medio de la emergencia, invasores, madereros y mineros no han dejado de amenazar el bosque, cometiendo actividades criminales de manera oportunista, aprovechando la reducción de esfuerzos de protección ambiental debido al brote de coronavirus en Brasil, por ejemplo. Ambientalistas alertan que la deforestación causada por la minería y la tala ilegal, las actividades agrícolas y ganaderas continuarán aumentando. Además las personas involucradas simbolizan un riesgo de propagación del COVID-19 para las comunidades locales.
Fuente: Todos los ojos en la Amazonía
