Según información del portal Convoca, ayer la Defensoría del Pueblo informó que en compañía de la Dirección Regional de Salud Ucayali, realizaron una visita a una empresa de palma aceitera con la finalidad de supervisar las condiciones laborales y sanitarias de sus trabajadores.
En el reporte, la Defensoría señaló que se realizaron “pruebas de descarte a 39 personas, identificando que 34 de ellas tenía COVID-19, por lo que fueron puestas en aislamiento por 14 días dentro de las habitaciones que ocupaban en la misma fábrica. Además, se les inició el tratamiento y se acordó que sean monitoreadas por el personal de salud de la compañía. Asimismo, a fin de evitar la propagación del virus, la empresa deberá paralizar sus actividades durante este periodo”.
Si bien el reporte de la Defensoría del Pueblo no lo señala, el nombre de la empresa es Ocho Sur P, tal como lo han confirmado tanto el Instituto de Defensa Legal (IDL) como el portal de periodismo de investigación Convoca.pe.
IDL informó en su portal web que, junto con la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y la Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa, el día 9 de junio han denunciado ante la Fiscalía Penal Corporativa de Campo Verde a la empresa Ocho Sur P., a través de su representante legal Serge Georges Verhaert. Los delitos que se atribuyen a esta empresa son de atentar contra las condiciones de seguridad y salud del trabajo, propagación de enfermedades peligrosas, violación de las medidas sanitarias, y trabajo forzoso.
Ocho Sur concentra sus trabajos en dos grandes plantaciones en las cercanías del distrito de Nueva Requena, al interior de la selva ucayalina, que ocupan casi 12.200 hectáreas deforestadas, según el Monitoring Andean Amazon Project, y representan el 12% del total del área cultivada de palma aceitera en el Perú.
Si desea leer el informe completo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, haga click aquí.
Agencia de Prensa Ambiental