La Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) acaba de aprobar la ampliación del territorio de la comunidad de Santa Clara de Uchunya (Nueva Requena, Ucayali), en más de 1544 hectáreas. Esta decisión ha sido el resultado de muchos años de luchas y esfuerzos de parte de la comunidad shipiba, la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y sus organizaciones aliadas.
La entrega inminente de un título de propiedad a la comunidad, sobre tierras hoy parcialmente invadidas y deforestadas, hace necesario repasar el largo camino que han recorrido hasta ahora. El presente artículo apunta a describirlo y destacar la oportunidad que la titulación finalmente ofrece a Santa Clara de Uchunya, en un contexto de graves riesgos y amenazas contra la población indígena.
Palma aceitera y violencia en la comunidad
Este es un caso emblemático en la Amazonía, pues evidencia la falta de protección legal que el Estado peruano ofrece a los territorios indígenas: un patrón de violación estructural a los derechos humanos. Precisamente, dicha situación de inseguridad jurídica es la que ha venido estimulando el ingreso de población foránea y el surgimiento de las economías ilegales en la zona, y en particular dentro del territorio de la comunidad. En su caso, como es conocido, el tráfico ilegal de tierras dio paso a su acumulación en pocas manos para el cultivo agroindustrial de palma aceitera a gran escala.
En apenas dos años, entre 2008 y 2009, el Gobierno Regional parceló el territorio de Santa Clara de Uchunya en 222 predios y los entregó gratuitamente a traficantes. Estos, a su vez, los vendieron a la empresa Plantaciones de Pucallpa, y hoy son propiedad de Ocho Sur P. La enorme plantación de palma aceitera, desde el año 2012, tiene una extensión de más de 6.845 hectáreas.
Tres años más tarde, en septiembre de 2015, información oficial del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) indicaba que el 99,69% de los bosques primarios en la plantación habían sido arrasados: unas 6824.39 hectáreas. En el lapso de solo nueve años, entre 2010 y agosto de 2019, la deforestación acumulada dentro de la comunidad alcanzaba las 12182 hectáreas.
Actualmente, Ocho Sur P. continúa operando en impunidad y explotando económicamente los frutos de la palma aceitera. De igual forma, traficantes continúan acosando y agrediendo a miembros de la comunidad, arrebatándoles cada vez más tierras para la especulación y su eventual comercialización.
Un tortuoso procedimiento de ampliación territorial
Santa Clara de Uchunya, en 1975, inscribió en los Registros Públicos la propiedad de unas 218.52 hectáreas. La medición, dirigida defectuosamente por el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, no tomó en cuenta criterios antropológicos para delimitar correctamente el territorio shipibo. Solo se incluyeron las tierras correspondientes al centro poblado de la comunidad y las áreas de cultivo adyacentes.
Desde entonces, la comunidad ha solicitado –primero al Minagri y luego al Gobierno Regional de Ucayali– el reconocimiento de su propiedad sobre la totalidad de su territorio tradicional. Es decir, según sus propios cálculos, de aproximadamente 86713 hectáreas. No obstante, sus intentos no tuvieron éxito hasta el 4 de mayo de 2015, cuando una de las muchas solicitudes de ampliación territorial presentadas fue finalmente tramitada por las autoridades regionales.
Siete meses después, el 31 de diciembre de ese mismo año, la DRAU inició el procedimiento administrativo de «reconocimiento y titulación de ampliación territorial de la comunidad». La anhelada titulación, sin embargo, se vio envuelta desde el comienzo en dificultades. Nuevas constancias de posesión fueron otorgadas a traficantes de tierras por la DRAU dentro del territorio de la comunidad, de las cuales 17 fueron declaradas nulas el 6 de abril de 2016, por haber sido emitidas con numerosas irregularidades. Entre ellas, inspecciones oculares inverosímiles, firmas dudosas, e incluso la entrega de una a un menor de 16 años.
El procedimiento administrativo se vio gravemente retrasado, más aún debido a las numerosas observaciones y solicitudes de oposición que traficantes (agrupados en presuntas asociaciones o caseríos) continuaron presentando contra la titulación. Esto, sumado la característica lentitud e inoperatividad de nuestros servidores públicos, generó nuevas dilaciones en perjuicio de la comunidad.
Recién el 3 de julio de 2017, la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (Disafilpa) expidió un informe técnico en el que autorizó la demarcación y georreferenciación de la ampliación territorial. Como resultado, el 29 de noviembre de 2018 –15 meses después de culminado el trabajo de campo– la DRAU aprobó el plano de demarcación territorial de Santa Clara de Uchunya.
El mapa fue publicado el 8 de febrero de 2019, e impugnado rápidamente por algunos traficantes. Los recursos de oposición, y más adelante los de apelación, fueron rechazados de plano el 24 de agosto. Con ello se dispuso la continuación del trámite de ampliación territorial. El 14 de noviembre, la DRAU declaró improcedentes los últimos recursos de apelación interpuestos contra el avance del procedimiento administrativo.
Entretanto, hubo también intentos de paralizar la titulación de la comunidad por la vía judicial. El acusado por tala ilegal Wilfredo Caballero Carrasco, tenedor de una constancia de posesión irregular, logró obtener medidas cautelares del Primer Juzgado Civil de Coronel Portillo el 31 de octubre de 2018. El juez Carlos Ballardo Japán ordenó entonces excluir del territorio unas 46.85 hectáreas que reclamaba como suyas. La decisión, sin embargo, fue revocada el 11 de abril de 2019 por la Sala de Civil de Ucayali.
Finalmente, cuatro años y nueve meses después de presentada la solicitud, la DRAU ha notificado a Santa Clara de Uchunya con la Resolución Directoral Regional Nº 337-2019-GRU-DRA. En ella, la autoridad regional ha declarado procedente el procedimiento de titulación de la comunidad en aproximadamente 1544 hectáreas, divididas en dos zonas (la primera de 1036 hectáreas y la segunda de 508), en la margen derecha del río Aguaytía. En consecuencia, la DRAU ha autorizado la emisión del título de propiedad a favor de la comunidad, así como su inmediata inscripción en los Registros Públicos.
Una lucha que no termina
El territorio tradicional de la comunidad es todavía mucho más extenso de lo que hoy oficialmente admite el Estado peruano: 1762 hectáreas. Como señalamos anteriormente, la comunidad lo calcula en cerca de 86713 hectáreas, desde los márgenes del río Aguatía hasta la Cordillera Azul. Se ha avanzado entonces con apenas el 2,03% del total. La lucha por el reconocimiento legal de su propiedad no ha terminado.
Una demanda de amparo, interpuesta contra la DRAU y la empresa Plantaciones de Pucallpa en mayo de 2016, exige dejar sin efecto los contratos de compraventa celebrados por 222 traficantes y la empresa palmicultora, por usurpar tierras de la comunidad. Con ello, unas siete mil hectáreas –hoy cubiertas por cultivos de palma– serían liberadas y eventualmente restituidas a favor de Santa Clara de Uchunya. La población shipiba exige también la remediación ambiental de aquel territorio.
Otra porción de la comunidad, la más grande, se ubica justo detrás de la plantación de palma aceitera. Es una zona de elevada conflictividad social, en la que cientos de traficantes han venido ingresando e instalándose violentamente durante los últimos años. Incluso, ante la nula presencia del Estado, han construido carreteras ilegales e invadido el Bosque de Producción Permanente de Ucayali (BPP). Esta situación ha incrementado dramáticamente la violencia contra los miembros de la comunidad: defensores indígenas de los derechos humanos.
Incluso, la presión de las organizaciones de traficantes ha generado que el Gobierno Regional de Ucayali emita normas que anulan la protección legal del BPP, a fin de entregar la propiedad de nuevos predios a la agroindustria. Se trata, sin embargo, de una abierta usurpación de competencias que no corresponden a un gobierno regional, sino al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). La amenaza continua latente.
Conclusión
En definitiva, la reciente aprobación de la ampliación territorial de Santa Clara de Uchunya representa un paso sumamente importante para el reconocimiento oficial de su territorio tradicional. Fueron casi cinco años de procedimiento, pero muchísimos más de olvido y maltrato de parte del Estado. El reto, sin embargo, continúa y obliga a la comunidad a seguir luchando por recuperar el territorio que les fue arrebatado, y que actualmente es invadido, destruido y explotado para el beneficio de unos pocos.
La conservación ambiental en la Amazonía solo será posible en sociedades genuinamente interculturales, en las que se respete y garantice la propiedad y la identidad indígenas como parte primordial del modelo de desarrollo. El camino todavía parece largo, pero ya no imposible de transitar.
Fuente
Gobierno Regional de Ucayali aprueba ampliación del territorio de Santa Clara de Uchunya: un análisis de caso – Instituto de Defensa Civil (IDL)
Artículo elaborado por Álvaro Másquez Salvador y Linda Vigo Escalante
Agencia de Prensa Ambiental