La persistente lucha de las federaciones indígenas de las cuatro cuencas afectadas por las actividades petroleras en el Lote 192 obtuvo un importante éxito al transferirse S/ 183 millones (más de US$ 55 millones) al Fideicomiso para la Remediación Ambiental. La transferencia fue confirmada por Julia Justo, directora ejecutiva del Fondo Nacional del Ambiente (Fonam), entidad que administra el fideicomiso creado para remediar 32 sitios contaminados.
El depósito lo efectuó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) el 2 de enero de 2020 en cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 415-2019-MINEM/DM emitida el 26 de diciembre de 2019. La noticia fue compartida por el Observatorio Petrolero Puinamudt, que articula a Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) y la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca Del Corriente (FECONACOR).
«El fondo es un gran paso asumido por el Estado Peruano en cumplimiento a sus compromisos con las federaciones indígenas de Puinamdut, cuyas comunidades se han visto afectadas por 50 años de actividad petrolera; tiempo en que ni el Estado ni las empresas han garantizado el respeto al derecho a un ambiente sano» afirmó el Puinamdut.
Las cuatro cuencas están conformadas por la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corriente (Feconacor), la Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la frontera Perú-Ecuador (Opikafpe) y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat).
Asimismo, el fondo resulta insuficiente para la magnitud de los impactos ocasionados durante 50 años de actividad petrolera y estuvo a punto de devolverse al tesoro público por desidia del Minem para suscribir el contrato, el cual fue adoptado recién el 13 de diciembre de 2019 por exigencia de las organizaciones.
Retraso inexclusable
El monto fue comprometido en 2018 para implementar los planes de rehabilitación de 32 sitios priorizados en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre durante el 2019. Sin embargo, el Minem retrasó la firma del convenio que permitiría su transferencia e iniciar los trabajos de remediación. Los presidentes de las federaciones exigieron a los funcionarios de los ministerios de Ambiente y de Energía y Minas firmar el convenio y efectuar la transferencia cuanto antes, ante el peligro de que al culminar el 2019 el fondo revierta al tesoro público.
Importancia de estudio independiente
Un factor importante que jugó a favor del ambiente y las comunidades fue la intervención del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2018. El PNUD patrocinó un Estudio Técnico Independiente para la remediación del ex lote 1AB (hoy lote 192) que confirmó que durante todos los años de actividad petrolera no se realizó ningún proceso de remediación adecuada.
La situación se ve agravada por la permisividad cómplice del Estado peruano con las empresas, como Pluspetrol, a la que se le está permitiendo evadir presentar y financiar un plan de abandono. Su responsabilidad de presentar un Plan de Abandono adecuado que permita la remediación apropiada de todos los sitios afectados y pagar los costos de estas labores.
Transparencia en la gestión del fondo
Con participación y vigilancia indígena el Fondo Fiduciario, se gestionó en el marco de la Ley 30321, y corresponde a la Junta Administrativa determinar las condiciones y acciones para la remediación. La junta está conformada por representantes de los ministerios involucrados (Minem, Minam, Minsa, Minagri, Mivcs) así como por las federaciones indígenas. La secretaría técnica está a cargo del Fonam.
El diseño del fondo asegura una mayor transparencia y tiene como precedente exitoso la gestión inicial de S/ 50 millones, monto recibido en 2016, ello permitió una co-gestión intersectorial e intercultural para elaborar los planes de rehabilitación de 32 sitios priorizados.
La necesidad de asegurar la participación indígena y transparencia del fondo se debe –indica Puinamudt– a las «innegables suspicacias que genera el comportamiento de los sectores estatales para con las empresas, y debido también a la crisis de corrupción que atraviesan las instituciones».
Deuda ambiental
En el lote 1AB (hoy 192) se registraron, hasta setiembre de 2015, cuando Pluspetrol dejó sus operaciones, más de 1200 sitios impactados sin instrumentos de gestión ambiental y más de 500 en controversia con el Estado. Desde entonces y hasta mayo del año pasado, se registraron 73 emergencias ambientales, responsabilidad de la canadiense Frontera Energy, que culminará sus operaciones dentro de los siguientes 5 meses.
Sin embargo, hasta hoy Frontera Energy no cumple con presentar su Plan de Abandono para la rehabilitación de las zonas afectadas por sus operaciones, puntualiz Puinamadt. A pesar de que la transferencia de los 183 millones es un paso importante en materia ambiental, «resulta insuficiente para la magnitud de los daños de 50 años de actividad petrolera».
El fondo cubrirá el costo de la remediación de 10 de los más de 2000 sitios contaminados, ya que, según los planes de rehabilitación elaborados por Fonam, el costo total para la remediación de 32 sitios priorizados asciende a cerca de S/ 700 millones. Incluso si el Estado cumple su compromiso de destinar 183 millones adicionales para las labores de remediación, el total de 370 millones sólo alcanzaría para recuperar el 2% de todas las zonas afectadas.
Dada la deuda histórica del Estado Peruano para con los pueblos indígenas de la zona cuyos derechos a la salud y ambiente sano se han visto vulnerados por medio siglo, es crucial que el Estado peruano asuma su deuda histórica con los pueblos indígenas de la zona y adopte compromisos para garantizar sus derechos a la salud y un ambiente sano. Ello implica destinar fondos que permitan continuar con el proceso de co-gestión emprendido entre Fonam y las federaciones indígenas para la remediación de sus territorios de vida.
Fuente: Servindi, con información del Observatorio Puinamudt: https://observatoriopetrolero.
