CooperAcción, Fedepaz y Grufides, presentaron el 23° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), correspondiente al segundo semestre del 2018.
El reporte alerta sobre proyectos que ponen en riesgo las fuentes de agua que abastecen a Lima y Callao, como el proyecto minero Ariana, situado en el distrito de Marcapomacocha (región Junín), cuya etapa de construcción iniciará en el primer trimestre del 2019. El proyecto se localiza en la misma zona donde está el Túnel Transandino Cuevas Milloc, que conduce el agua desde la cuenca del Mantaro hacia Lima, y se superpone a importantes lagunas, entre ellas Pucrococha, que es una aportante a dicho túnel.
El propio Sedapal ha alertado sobre la grave amenaza que significa este proyecto. La presa de relaves “se encuentra sobre una capa de depósito lacustre, generando las posibilidades de rotura de la presa y la licuación estática de los residuos mineros y su escape del depósito, que podría afectar el agua que se conduce por dicho túnel”, ha indicado la empresa de agua y saneamiento responsable de proveer del líquido elemento a más de 10 millones de personas en Lima y Callao.
“Este es un tema que nos preocupa y que pone en agenda de discusión la necesidad de poner en marcha políticas para el ordenamiento del territorio y fortalecer los instrumentos de gestión ambiental”, afirmó José De Echave, coordinador del Observatorio. Además, recordó que la empresa Southern Peaks, titular del proyecto, es la responsable de la emergencia ambiental que se vive en La Libertad por el abandono de la unidad minera Quiruvilca.
Este alarmante caso, sumado al de Tamboraque en el que aún hay 145 mil metros cúbicos de relaves muy cerca del Río Rímac, pone en evidencia la urgencia de que determinadas zonas de gran importancia hídrica sean protegidas y se excluya proyectos que pongan en riesgo en abastecimiento de agua. “El impulso reformista que vimos de parte del Presidente en materia de justicia y el sistema político todavía no llega a los temas ambientales y sociales. Es un tema que está abierto y esperamos que haya una ampliación de este ánimo reformista a estos temas”, agregó De Echave.
Cierran mesas de diálogo
Este miércoles, a través del Decreto Supremo N° 120-2018 publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Ejecutivo aprobó la extinción de un conjunto de comisiones y mesas de diálogo; hecho que ha causado preocupación en comunidades del país. La directora ejecutiva de CooperAcción, Ana Leyva, cuestionó dicha medida ya que bloquea los mecanismos de diálogo para evitar conflictos sociales.
“Entre este grupo hay mesas que se extinguen porque no tenían razón de existir, pero sí se encuentran grupos importantes como la mesa de diálogo de Cotabambas. Esta comunidad está muy preocupada porque buscaba que se reactive esta mesa. Hay una serie de problemas que querían canalizar”, refirió.
Conflictos en las regiones
El OCM reveló que la región Áncash sigue encabezando el ránking de conflictividad social, predominando los conflictos socio ambientales y los vinculados a la minería.
En el caso de Cajamarca, destaca que la empresa Yanacocha anunció intenciones de retomar el proyecto Conga en el marco de buscar consolidar a la región como un “gran distrito minero”. Mirtha Vásquez, directora de Grufides, explicó que las empresas mineras de los proyectos Michiquillay, Galeno y Conga buscan que se ejecuten los tres a la vez para reducir costos.
“Las compañías plantean construir instalaciones comunes que sean aprovechadas por estos tres megaproyectos y generaría una mejora en la producción. ¿Qué significa socialmente esta propuesta? Levanta una gran preocupación en Cajamarca porque significaría un mega impacto”, acotó.
En Apurímac, el Gobierno ha vuelto a prorrogar el Estado de Emergencia en el corredor minero, restringiendo los derechos ciudadanos y convirtiendo esta medida supuestamente “excepcional” en la manera normal en que operan las empresas mineras en la zona. Al mismo tiempo, no se resuelven las demandas de fondo de las comunidades relacionadas con los impactos del transporte minero en una vía afirmada en la que transitan diariamente alrededor de 300 camiones de carga pesada.
En un año caracterizado por la turbulencia política, se han registrado alrededor de 200 conflictos sociales cada mes, aunque los mismos han sido de baja intensidad y sin grandes estallidos sociales. Sin embargo, el OCM alertó que tras el cierre de un ciclo marcado por la confrontación política entre el Ejecutivo y el Legislativo y los temas de la lucha contra la corrupción, se abre la agenda social y ambiental pendiente.
El 2019 podrían resurgir escenarios de fuerte conflictividad social si no se aborda oportunamente esta agenda pendiente, más aún si el Gobierno pretende insistir con proyectos que causan gran rechazo en la población local, tal como ocurre en los casos de Tía María (Arequipa), Cañariaco (Lambayeque) y Río Blanco (Piura).
Sobre este último proyecto, el representante de Fedepaz, David Velasco, advirtió que ya existen procesos judiciales producto de conflictos sociales. “A propósito de las protestas que hubo en el proyecto minero Río Blanco se dieron una serie de afectaciones a campesinos en la zona. Se solicitan penas de 25 a 10 años para alrededor de 150 policías. El caso se ha enviado a Lima. Esperamos que el intento de la empresa de iniciar sus actividades de exploración no genere conflictividad en la zona”, afirmó.
