Representantes de la Coordinadora de Pueblos Indígenas San Lorenzo (CORPI-SL) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) de Loreto, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana del Norte del Perú (ORPIAN-P) de Amazonas, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru) de Cusco, federaciones indígenas bases de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), solicitaron al Ministerio de Justicia (Minjus) la creación de una mesa de trabajo indígena para la elaboración del Plan Nacional de Acción (PNA) en Empresas y Derechos Humanos.
El pedido se realizó durante una reunión de trabajo en el marco del proyecto “Promoviendo Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos desde los Pueblos Indígenas”, en el que vienen trabajando las cinco federaciones mencionadas junto a Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR). La reunión tuvo la participación de Alonso Cárdenas y Noemí Anci, funcionarios del MINJUS, quienes presentaron la Hoja de Ruta para la Elaboración de Plan Nacional de Acción (PNA) en Empresas y Derechos Humanos.
¿Empresas y derechos?
El PNA en Empresas y Derechos Humanos es un compromiso asumido por el Estado en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Parte de la necesidad de fortalecer la relación entre las empresas y los derechos humanos, la que ha presentado múltiples desafíos y problemáticas en nuestro país. Por ejemplo, el sector extractivo representa el 18% del PBI, y alrededor del 60% del total de las exportaciones peruanas.
Siendo un sector importante para la economía nacional y que muchas de estas inversiones cuentan con impactos en territorios de pueblos indígenas y de comunidades campesinas de la Amazonía y los Andes, es fundamental fortalecer y ampliar los marcos de prevención, respeto y mitigación de impactos respecto a los derechos humanos de estas poblaciones.
Según la Defensoría del Pueblo, en los últimos cinco años existe, en promedio 140 conflictos sociales al mes y solo en octubre de este año. Además, el 80% de los conflictos activos están vinculados con temas socioambientales y de gestión de recursos naturales, siendo el departamento de Loreto, el más grande de la Amazonía, el cuarto con mayor conflictividad. Esta información reafirma la importancia y necesidad de la construcción de un PNA en Empresas y Derechos Humanos.
Ante el pedido, Alonso Cárdenas, integrante del equipo que elabora el PAN en Empresas y Derechos Humanos, señaló que existe la total disposición de crear los espacios necesarios para la elaboración documentos de gestión, como dicho Plan, con enfoque intercultural. Además, informó que el MINJUS presentará, este 12 de diciembre, la hoja de ruta para la elaboración de Plan Nacional de Acción, en un evento público.
“Es fundamental la participación de los pueblos indígenas en este proceso. Se deben garantizar espacios específicos y culturalmente adecuados para ellos, tanto por sus características y cosmovisiones, como por su experiencia en el diálogo e incidencia con las Empresas y el sector privado en general”, precisó Francisco Rivasplata, coordinador del Programa Amazonía y Derechos de DAR.
Agencia de Prensa Ambiental