El próximo 27 de setiembre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se llevará a cabo la firma del Acuerdo de Escazú. Se espera que 33 países de América Latina y el Caribe, el Perú incluido, se comprometan con este histórico acuerdo en la región, que busca establecer estándares para el desarrollo y fortalecimiento de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.
En marzo de este año, en Costa Rica, 24 países de América Latina y el Caribe adoptaron el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como Acuerdo de Escazú por la ciudad de Costa Rica. La firma del próximo 27 de setiembre es indispensable para que, luego de ser ratificado por cada país, el acuerdo entre en vigencia.
El Acuerdo de Escazú marca un hito en la historia ambiental de la región porque es el primer esfuerzo para establecer estándares que fortalezcan la aplicación de los derechos de acceso, que contribuirá a la construcción de la democracia ambiental. Este instrumento internacional marca un importante precedente en la legislación para la protección de los defensores de derechos ambientales.
Un acuerdo que esperó 26 años para materializarse
En 1992, el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo consagró los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú recoge estos derechos y establece estándares que garantizan su ejercicio y evolución, medidas de cooperación entre países para el desarrollo y mejora de estos derechos; e instancias y acciones de seguimiento de implementación del Acuerdo.
El proceso de creación del acuerdo demandó 9 reuniones de negociación a lo largo de 6 años, entre los representantes de países de la región y de la sociedad civil. Este proceso tuvo un mecanismo ejemplar al permitir la participación e intervención con voz, sin voto, de las organizaciones civiles.
En marzo de este año se adoptó el Acuerdo de Escazú como un instrumento internacional vinculante, sin reservas, lo que permitirá que todos los países adherentes implementen las disposiciones y cumplan con los estándares fijados para la aplicación de los derechos de acceso, informó la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) a INFOREGIÓN.
Agencia de Prensa Ambiental