Nuestra Amazonía no es ya el manto verde de antaño. Está surcada, entre otros, por franjas causadas por carreteras y caminos, que se construyen en zonas con bosque para unir centros productivos o urbanos, o convertir al bosque en tierras de producción y extracción, asumiendo que los bosques en pie no estarían contribuyendo ya a la producción del aire que respiramos y al agua que bebemos.
El aprovechamiento de los recursos debería ser sostenible y seguir los parámetros establecidos por la normativa y la promesa de que las siguientes generaciones puedan contar con la calidad de vida que nos provee la protección de los bosques y sus servicios ecosistémicos. Pero esto no está ocurriendo en nuestro país. Por el contrario, desde el Estado se sigue promoviendo actividades que deforestan y promulgando leyes que les dan respaldo normativo.
Hace algunas semanas, se promulgó la Ley N° 30723, que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali. Esta norma muestra el desencuentro entre la necesidad de asegurar un ambiente de calidad a la población del país y las facilidades que se le brindan a los sectores extractivos para lucrar con los recursos naturales de todas y todos. Además, en los documentos de gestión del Gobierno se indica que la construcción de carreteras es una causa directa de deforestación[1]. Hay evidencia de ello, por ejemplo, en el caso de la Carretera Interoceánica, donde las carreteras han sido vectores de deforestación ilegal[2]
Incluso ya en la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático se identifica como elemento central de la deforestación las “políticas públicas no necesariamente articuladas entre los sectores y niveles de gobierno; con una limitada aplicación de instrumentos como la zonificación ecológico-económica y la jerarquía de la mitigación (…) que se refleja en planes y presupuestos que no operan sinérgicamente y que, por el contrario, pueden posibilitar inversiones públicas que consolidan procesos de invasión de tierras, tala y quema de bosques”[3].
Esta historia de desamor entre las carreteras y el bosque tiene un capítulo más en la Ley 30723, que podría poner en riesgo zonas de gran riqueza de Ucayali, como seis áreas naturales protegidas (los parques nacionales Alto Purús, Cordillera Azul y Sierra del Divisor; las reservas comunales Purús y El Sira; y el Área de Conservación Regional Imiría); tres reservas indígenas (Murunahua, Isconahua y Mashco Piro) y una reserva territorial para pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial (Kugapakori Nahua, Nanti y Otros).
Por otro lado y según la norma, las acciones que se vayan a tomar en su cumplimiento, se harán bajo el irrestricto respeto a las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas que lo habitan; sin embargo, esto no asegura que estás no vayan a pasar cerca de un área protegida, y que al hacerlo, se pueda generar un corte en la movilidad de pueblos indígenas transfronterizos, así como en las rutas y hábitats de la fauna silvestre, cortando así corredores culturales y biológicos.
Esta Ley fue aprobada por el Pleno del Congreso, pese a que fue rechazada por las organizaciones indígenas amazónicas y tuvo serias observaciones por parte del Ministerio de Cultura; además, no habrían participado con su opinión técnica el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Ministerio del Ambiente, y tampoco la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.
En esta historia de desencuentro entre las prioridades del Gobierno, se debe tener claro que las carreteras por sí mismas no son garantía de desarrollo, sino que deben ser parte de una planificación adecuada del uso del territorio, que sirvan de base para el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y servicios ambientales que el bosque tan desinteresadamente nos presta. De no darse el caso, estas historias que muestran la división entre los sectores y la visión país se seguirán replicando hasta romper el corazón del país: sus bosques y riqueza natural.
[1] Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, pp. 45-47.
[2] Entre 2013 y 2015, la deforestación alrededor de la localidad de Iberia y a ambos lados de la carretera Interoceánica fue de 1830 hectáreas (MAAP #28).
[3] Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, p. 70.
Texto:
Claudia Zúñiga y Harlem Mariño
Programa Cambio Climático y Bosques – Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Fuente: DAR
